El desarrollo del euro digital y la implantación del denominado «Régimen 28» centran el debate en un contexto de incertidumbre regulatoria y transformación del sector financiero europeo.
El pasado día 15 tuvo lugar la reunión de DG FISMA (Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales), a la que asistió un representante de la Ejecutiva Permanente del Sector Financiero de FeSMC-UGT.
Durante la sesión de UNI Europa Finance se abordaron dos temas clave para el sector financiero europeo: el desarrollo del euro digital y el impacto del denominado «Régimen 28».
Incertidumbres y riesgos sociales del euro digital
En relación con el euro digital, se destacó que el proyecto aún se encuentra en una fase inicial, con importantes aspectos por definir. Actualmente, la Comisión Europea no tiene capacidad de influir directamente en el proceso legislativo en el Parlamento Europeo, donde todavía debe votarse la figura del ponente, previsiblemente un representante español del Partido Popular.
Se subrayó la falta de un plan de empleo asociado al euro digital, debido a la incertidumbre sobre su impacto real. Asimismo, se criticó la escasa comunicación del proyecto, a pesar de tratarse de una iniciativa que convivirá con el efectivo como dinero de curso legal.
Entre las principales preocupaciones señaladas destacan:
• El riesgo de discriminación del efectivo, al poder facilitar operaciones de mayor importe en formato digital.
• El posible aumento de la exclusión financiera, especialmente en colectivos vulnerables como personas mayores o con discapacidad.
• La incertidumbre sobre los límites de privacidad, aunque se promete un alto nivel de protección.
• El impacto potencial en los ahorros, préstamos e hipotecas, en caso de una migración masiva hacia el euro digital.
No obstante, el euro digital se presenta como una opción adicional de pago, con el objetivo de reforzar el euro, fomentar la innovación, mejorar la inclusión financiera y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales.
Oportunidades y riesgos regulatorios
Por otro lado, en relación con el «Régimen 28», se destacó que su objetivo es reducir la fragmentación del mercado europeo mediante un marco jurídico único opcional para empresas que operen en toda la UE. Sin embargo, desde los interlocutores sociales se advierte del riesgo contrario: una mayor fragmentación y una falta de regulación suficiente en un entorno prácticamente nuevo.
Aunque la Comisión considera que la normativa actual podría ser suficiente, se reconoce que este nuevo escenario requerirá probablemente ajustes regulatorios específicos, especialmente en ámbitos como la directiva MiFID. El enfoque será progresivo, evaluando el impacto conforme se implante en el mercado y adaptando la regulación si fuera necesario.
En conclusión, ambos debates reflejan un momento de transición e incertidumbre regulatoria, en el que será clave el seguimiento y la participación de los interlocutores sociales para garantizar un desarrollo equilibrado del sector financiero europeo
