El shock producido por la entrada de STC como primer accionista del Grupo Telefónica resulta ahora para muchos una “sorpresa inesperada”. Los que así se manifiestan, deberían primero confesar o su desconocimiento del sector o su apatía con la realidad que rodea las telecomunicaciones en las últimas décadas.
Cuando en mayo de 2014, UGT comenzó a difundir su Boletín de Regulación y Sociedad de la Información (una publicación que ha llegado a nuestros días, 221 números de después) tenía una clara intencionalidad: denunciar como reguladores y legisladores, tanto patrios como europeos, estaban depauperando la capacidad inversora, competitiva, innovadora y de producción de talento tecnológico de nuestro sector.
Desde aquel inicio, hemos realizado, durante casi una década, campañas masivas de sensibilización (mediáticas e institucionales, con gobiernos y oposición de todo tipo y pelaje). Hemos celebrado eventos que concitaban a las principales figuras de nuestro sector (CEO de todas las operadoras, ministros y ministras, secretarías de estado, patronales, representantes de todos los partidos políticos) e incluso hemos confeccionado un modelo sectorial basado en propuestas viables y razonables, en donde poníamos al empleo y la racionalidad en el centro.
En todo momento hemos defendido una máxima, que además hemos repetido hasta la saciedad: debemos cambiar una regulación que es manifiestamente asimétrica (favoreciendo el parasitismo, la fragmentación del mercado, la superpoblación de operadores vacuos, la destrucción de empleo y la competencia sobre precios), absurdamente ineficaz (Europa sigue a la cola de fibra óptica, en despliegue de 5G y en innovación tecnológica y digital) y completamente obsoleta (se persiste en planteamientos de finales del siglo XX, cuando la telefonía móvil no existía, Internet aún solo era una ilusión y el foco se ponía en los extintos “incumbentes” y en “el cobre”).
La última prueba de nuestro empeño por proteger los derechos de las personas trabajadoras ante este dislate fue nuestra apuesta por las leyes anti-opa. Pocos saben o recuerdan que esta protección no existía antes de abril de 2020, cuando – otra vez- fue UGT la única que advirtió de nuestra debilidad bursátil y la necesidad de protegernos.
¿Dónde estaban los que ahora se rasgan las vestiduras? Pero todo esto no va de quién o qué hizo aquello o lo otro, o de cuándo se hizo, sino de algo mucho más importante: de cómo defendemos el modelo social y laboral que hemos conseguido consolidar en Telefónica y que data de décadas de fluida interlocución, máximo respeto al diálogo social y una constante búsqueda de consensos y acuerdos beneficiosos. Y eso solo es posible si todos ejercemos nuestra labor desde dos amplios frentes: por un lado, la presión legislativa, regulatoria e institucional, en donde llevemos la voz de las trabajadoras y trabajadores de Telefónica España y logremos cambiar este fallido modelo; y por otro, mediante la renovación de nuestro Convenio Colectivo en forma de III CEV, sobre el que en breve tendremos que empezar a hablar ante su inminente pérdida de vigencia.
