El preacuerdo para la subida del SMI firmada por UGT, CCOO y el Gobierno, acompañada de normas claras contra la “compensación y absorción salarial” y de una estrategia para derogar la Ley de Desindexación de la Economía (dos asuntos clave para FeSMC-UGT), representa un paso adelante para avanzar en derechos de las personas trabajadoras, especialmente en los sectores más precarios de nuestra Federación.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) valora positivamente el preacuerdo alcanzado entre la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, CCOO y el Gobierno para fijar la nueva cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.221 € mensuales (en 14 pagas) para 2026, con exención de tributación en el IRPF como ya se mantuvo en 2025 y retroactividad desde el 1 de enero. Esta subida representa 37 € más al mes y 518 € anuales, consolidando un proceso de mejora sostenida de los salarios más bajos y reforzando una herramienta esencial en la lucha contra la precariedad y la pobreza laboral.
Impacto positivo para las personas trabajadoras de servicios privados
Para FeSMC-UGT, este avance tiene una importancia capital para miles de trabajadores y trabajadoras de las actividades de servicios privados más precarizados, como hostelería, turismo (hotelería y alojamientos), comercio, limpieza, logística, servicios auxiliares o contact centers, entre otros, donde el SMI se erige como referencia fundamental. En muchos casos, estos sectores concentran empleos con salarios muy cercanos al mínimo interprofesional y, por tanto, son los colectivos que más beneficiados se verán con este incremento.
La elevación del SMI contribuye no solo a mejorar el poder adquisitivo inmediato, sino también a situar un piso salarial más digno en un marco de mercado laboral en el que los trabajadores y trabajadoras de servicios han sufrido históricamente una brecha salarial significativa respecto a otros sectores.
Cuidado y alerta con la “absorción y compensación” de la subida
FeSMC-UGT subraya la importancia de que la subida del SMI llegue íntegramente a las personas trabajadoras, y no sea neutralizada por prácticas empresariales que utilizan mecanismos contables para “absorber” los aumentos mediante complementos salariales. En el preacuerdo, el Gobierno se ha comprometido a impulsar la tramitación de un Real Decreto que regule las reglas de compensación y absorción de complementos, para que la subida del salario mínimo no se diluya en la nómina.
FeSMC-UGT considera que es imprescindible que estas normas se implementen con claridad y firmeza, especialmente para evitar a aquellas empresas cuya práctica habitual es sacrificar la mejora salarial prometida en beneficio propio, dejando sin efecto la mejora pactada en el SMI.
«Aplastamiento salarial»
Es importante atender, también, el fenómeno de la compresión salarial en las tablas de los convenios colectivos, una situación que se produce en algunos sectores de servicios privados (como servicios auxiliares o limpieza, entre otros) donde la subida del SMI acaba igualando el salario en categorías inmediatamente superiores sin que éstas se actualicen proporcionalmente . Por ello, la Federación defiende que cada incremento del SMI debe ir acompañado de una revisión de esas tablas salariales más cercanas al nivel del SMI.
Derogación de la Ley de Desindexación de la Economía: una reivindicación necesaria
Nuestra Federación aplaude la firme intención expresada por UGT de “luchar” por la derogación (insistimos, derogación) de la Ley de Desindexación de la Economía, que fue aprobada en 2015 y continúa afectando negativamente a sectores que contratan con el sector público y ejerce un freno sobre la capacidad de los convenios colectivos para trasladar mejoras salariales a la práctica.
Esta normativa dificulta, por ejemplo, que empresas de sectores como limpieza, seguridad privada o contact center, que tienen contratos con la Administración pública, puedan trasladar subidas de salarios derivadas del SMI y de la negociación colectiva al conjunto de sus plantillas sin restricciones injustas.
Entendemos que la derogación de esta ley es una condición necesaria para reforzar el poder de negociación de los convenios colectivos y asegurar que las mejoras salariales acordadas se materialicen plenamente en sectores clave de los servicios privados.
