La legislación laboral garantiza el derecho de toda persona trabajadora a una protección eficaz de su seguridad y salud en el puesto de trabajo.

Esta protección incluye recibir información, formación teórica y práctica adecuada, vigilancia de la salud y equipos de protección individual (EPI) sin coste alguno. Por su parte, la persona trabajadora tiene la obligación correlativa de velar por su propia seguridad y la de los demás. El cumplimiento de las normas de prevención, el uso correcto de herramientas y la colaboración con la empresa completan este marco preventivo esencial.