El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Euskadi, junto al sector estatal han trasladado a la Junta de Contratación del Ayuntamiento de Bilbao su disconformidad con los criterios de adjudicación establecidos en la licitación del servicio de recogida y transporte de fondos de dos cajeros automáticos destinados a la recaudación de ingresos municipales, cuyo presupuesto de licitación asciende a 82.644,63 euros, sin IVA
FeSMC-UGT considera que los pliegos publicados por la Administración municipal desvirtúan por completo el principio de calidad en la contratación pública, al otorgar el 95% de la puntuación a los criterios económicos, dejando un margen prácticamente testimonial para cualquier otro aspecto relacionado con la calidad de la prestación del servicio. Una ponderación que, en la práctica, convierte un procedimiento de contratación pública en una auténtica subasta económica, donde el precio termina imponiéndose sobre las condiciones en las que debe desarrollarse un servicio de seguridad.
Desde el sindicato se recuerda que la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 145.4 que, en los contratos de servicios incluidos en el Anexo IV, los criterios relacionados con la calidad deben representar, como mínimo, el 51% de la puntuación asignable a las ofertas. Entre los servicios contemplados en dicho anexo se encuentra el sector de vigilancia y seguridad, identificado mediante el código CPV 79710000-4, correspondiente a servicios de seguridad.
En este sentido, la ponderación recogida en los pliegos no se ajusta a las exigencias legales, al situar el peso de la oferta económica en un 95%, una distribución que deja en un segundo plano los elementos cualitativos que deben contribuir a garantizar una prestación adecuada del servicio.
«La contratación pública no puede convertirse en una carrera por presentar la oferta más barata, especialmente cuando se trata de servicios vinculados a la seguridad y al transporte de fondos. La calidad, la organización del servicio, los medios disponibles, la formación y las garantías profesionales deben ocupar un lugar determinante en la valoración de las ofertas, evitando que la reducción de costes termine condicionando la prestación y repercutiendo sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras», afirma la organización sindical.
La Administración tiene la responsabilidad de contratar calidad, no simplemente comprar al precio más bajo. Los pliegos deben servir para garantizar servicios adecuados, sostenibles y respetuosos con las condiciones laborales del sector, y no para favorecer una competencia económica que puede terminar comprometiendo estos objetivos.
Por todo ello, FeSMC-UGT ha solicitado formalmente a la Junta de Contratación del Ayuntamiento de Bilbao que revise los criterios de adjudicación y proceda a la correspondiente subsanación o, en su caso, al desistimiento del procedimiento, con el objetivo de adecuar los pliegos a lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
El sindicato insiste en que seguirá vigilando la contratación pública y denunciando aquellos procedimientos que releguen la calidad a un papel secundario. Defender la calidad en los contratos públicos es también defender los servicios de seguridad, el empleo y los derechos de las personas trabajadoras.
