Tras conseguir que el Ayuntamiento rectificara en septiembre unos pliegos que otorgaban un 70 % de la puntuación a los criterios económicos, el sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT Madrid y el sector estatal vuelven a reclamar el cumplimiento de la legalidad, esta vez por la falta de constancia del plan de igualdad de la empresa adjudicataria.
La Junta de Contratación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés procedió el pasado mes de septiembre a rectificar los criterios de adjudicación del contrato de servicios de seguridad privada y control de accesos al recinto ferial y a la plaza de toros durante las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto de 2026, después de la denuncia presentada por el Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Madrid, junto con el sector estatal.
La reclamación sindical puso de manifiesto que los pliegos otorgaban un 70 % de la puntuación a los criterios económicos, una ponderación que, según denunció UGT, incumplía las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para este tipo de servicios. La organización sindical consiguió así que el Ayuntamiento rectificara las condiciones de la licitación.
Sin embargo, el sindicato vuelve ahora a denunciar nuevas irregularidades en este mismo procedimiento de contratación, al advertir que la empresa HOMELAND SECURITY SPAIN VIGILANCIA PROTECCIÓN Y ESCOLTAS, S.L., adjudicataria del servicio no figuraba con un plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) cuando finalizó el plazo de presentación de ofertas.
UGT exige comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad
En un escrito remitido el 7 de octubre de 2026 a la Junta de Contratación del Ayuntamiento, la FeSMC-UGT solicita que se requiera a la empresa la documentación acreditativa de su plan de igualdad y que se adopten las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.
El sindicato señala que el plazo de presentación de ofertas finalizó el 25 de septiembre de 2026 y que, según la consulta al REGCON recogida en su escrito, la empresa no disponía de un plan de igualdad inscrito en esa fecha.
El artículo 71.1.d) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, contempla como prohibición de contratar el incumplimiento de la obligación de disponer de un plan de igualdad en los supuestos legalmente establecidos. Asimismo, destaca que el artículo 8 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2023-2026 establece expresamente que todas las empresas incluidas en su ámbito de aplicación deben contar con un plan de igualdad con los contenidos previstos legalmente.
La organización sindical también cita las resoluciones 343/2023 y 333/2023 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, relativas a la acreditación de este requisito y a la inscripción de los planes de igualdad en el registro correspondiente.
En consecuencia, FeSMC-UGT reclama que se compruebe la documentación presentada por la empresa y que, si procede, se adopten las medidas legalmente previstas, incluida la subsanación o el desistimiento del procedimiento cuando corresponda.
La contratación pública debe garantizar los derechos laborales
Para UGT, este caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de que las administraciones públicas no se limiten a adjudicar contratos, sino que también garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales exigibles a las empresas que prestan servicios públicos.
El sindicato defiende que los contratos de seguridad privada y servicios auxiliares deben adjudicarse con criterios que respeten la legislación, promuevan la calidad del servicio y aseguren unas condiciones laborales dignas, incluyendo el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia de igualdad.
«La reiteración de actuaciones sindicales en un mismo expediente evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre los pliegos y la documentación aportada por las empresas licitadoras. La contratación pública no puede convertirse en un espacio al margen de las obligaciones legales ni permitir que las exigencias de igualdad queden reducidas a una mera declaración formal», afirma el sindicato.
