El sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FeSMC-UGT han intensificado su ofensiva contra una práctica cada vez más extendida entre los órganos de contratación pública: la introducción de «bolsas de horas gratuitas» y servicios sin coste bajo el falso pretexto de criterios de calidad. A través de un requerimiento formal dirigido a la Junta de Contratación de ENUSA Industrias Avanzadas, el sindicato ha puesto el foco en un macroconcurso de seguridad privada valorado en más de 4,1 millones de euros, denunciando que este tipo de exigencias no solo puede vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), sino que asfixian económicamente a las empresas poniendo en riesgo las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
El caso ENUSA: Cuando la «calidad» encubre servicios a coste cero
El conflicto surge a raíz de los pliegos del expediente para el servicio de vigilancia y seguridad privada en el Centro de Trabajo de ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E, distribuido en 4 lotes: en la Fábrica de Juzbado, el Centro de Tecnología y Mantenimiento de Equipos (CTME), Saelices el Chico (Salamanca) y el centro de trabajo de Madrid. Los criterios de adjudicación diseñados por la administración otorgan 12 puntos a las horas adicionales gratuitas que aporten los licitadores, las cuales, sumadas a los 49 puntos de la oferta económica, elevan al 61% el peso de los factores puramente económicos o de abaratamiento, dejando los criterios estrictamente cualitativos muy por debajo del mínimo legal del 51% que exige el artículo 145 de la LCSP para los servicios de seguridad.
Para el sindicato, catalogar una prestación gratuita como criterio de «calidad» constituye una anomalía jurídica que contradice el principio de onerosidad de los contratos públicos.
«No se entiende qué calidad puede ofrecerse mediante la cesión de horas gratuitas; lo único que se consigue es desvirtuar el precio del contrato, fomentar ofertas temerarias o a coste cero y provocar indirectamente a las empresas para que compitan a la baja a costa de los derechos de la plantilla», señala Diego Giráldez.
Una práctica administrativa cada vez más común y perniciosa
La denuncia ante ENUSA no es un caso aislado, sino el reflejo de una tendencia preocupante en la contratación pública. Desde FeSMC-UGT se advierte que la administración pública recurre cada vez con más frecuencia a subterfugios como las bolsas de horas ilimitadas para obtener prestaciones extra sin incrementar el presupuesto oficial. Esta praxis traslada la presión financiera directamente a parte del tejido empresarial que con su irresponsabilidad muchas veces terminan perjudicando al eslabón más débil: las personas trabajadoras del sector.
Las consecuencias de esta presión competitiva basada en la gratuidad son graves:
- Inestabilidad laboral y precarización: Las ofertas con márgenes nulos o reducidos dificultan el cumplimiento estricto de los convenios colectivos y los derechos laborales establecidos en la legislación vigente.
- Incertidumbre presupuestaria: Al no estar tasadas de forma fija, las bolsas de horas desvirtúan el precio real del contrato, impidiendo una evaluación objetiva y transparente de las ofertas.
- vulneración de la doctrina legal: El sindicato recuerda que, según resoluciones reiteradas del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), si una entidad pública requiere trabajos extraordinarios, debe articularlos mediante precios unitarios concretos y sujetos a un presupuesto límite, y nunca utilizarlos como un «criterio de ventaja» desbocado en la licitación.
Exigencia de rectificación
Ante esta situación, FeSMC-UGT ha exigido a la Junta de Contratación de ENUSA que proceda a la subsanación o al desistimiento de los pliegos actuales para adecuarlos a un modelo de contratación que dé prioridad a la calidad del servicio y la estabilidad en el empleo.
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