FeSMC-UGT exige la subsanación o desistimiento de la licitación de seguridad de las fiestas patronales tras otorgar un 70% de la puntuación al criterio económico.
UGT advierte de que las subastas a la baja desvirtúan el espíritu de la Ley 9/2017 y abocan al sector a concursos de acreedores e impagos de salarios a los trabajadores y trabajadoras.
El Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Madrid, junto al sector estatal, han presentado un recurso e impugnación formal ante la Junta de Contratación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés en relación con el expediente 3939/2026, correspondiente al “Contrato de servicios de seguridad privada y de control de acceso en el recinto ferial y plaza de toros durante las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto 2026”.
El sindicato ha detectado que los pliegos del concurso otorgan un 70% de la ponderación total a la oferta económica, reduciendo de forma sustancial el peso asignado a la calidad del servicio. Esta distribución vulnera frontalmente el artículo 145.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), el cual exige expresamente que, en los servicios regulados en el Anexo IV —entre los que se encuentra la seguridad y vigilancia privada (CPV 79713000 y afines)—, los criterios vinculados a la calidad deben representar, como mínimo, el 51% de la puntuación total.
Desvirtuación del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público
Desde FeSMC-UGT se subraya que esta práctica desvirtúa por completo el espíritu con el que se concibió la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo fin principal es garantizar una contratación pública socialmente responsable, donde «los órganos de contratación deben velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad».
Al desplazar los criterios de calidad en favor de una valoración desproporcionada del precio, la administración pública fomenta una encubierta «subasta o puja a la baja».
Consecuencias: precarización, impagos y concursos de acreedores
La organización sindical advierte de las graves consecuencias que puede desencadenar esta política de contratación centrada en el bajo coste:
- Devaluación del valor del servicio: La subasta económica fuerza a las empresas a licitar con precios tirados que apenas cubren los costes operativos y salariales mínimos, sacrificando medios, formación y la calidad técnica indispensable en un servicio de seguridad para la ciudadanía.
- Promoción de empresas irresponsables: Estas licitaciones atraen a compañías irresponsables o insolventes que basan su modelo de negocio en tirar los precios sin garantías de viabilidad a medio plazo.
- Precarización e impagos a las plantillas: Históricamente, la adjudicación por debajo de coste real termina desembocando en el ahogo financiero de las adjudicatarias, el retraso reiterado en el pago de las nóminas, concursos de acreedores e incluso el abandono del servicio, dejando desprotegidos y con deudas salariales a los trabajadores y trabajadoras.
Petición de rectificación inmediata
UGT solicita al Ayuntamiento que proceda a la rectificación o desistimiento del expediente y asegure tanto la correcta protección de la ciudadanía como la salvaguarda de los derechos laborales de las personas trabajadoras durante la ejecución del contrato.
«Las administraciones públicas no pueden ser cómplices del deterioro del sector ni actuar como meras subastadoras de servicios esenciales«, afirma el sindicato.
