FeSMC-UGT alerta de que los pliegos permiten valorar con un 25% de la puntuación la oferta de hasta 436,5 horas de trabajo gratuito, desvirtuando el precio real del contrato y relegando los verdaderos criterios de calidad.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), a través de su Sector Estatal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares, ha solicitado a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la modificación de los pliegos que regulan la contratación del servicio de vigilancia de sus centros e institutos, al considerar que los criterios de adjudicación vulneran el espíritu y la finalidad de la Ley de Contratos del Sector Público.
La organización sindical considera especialmente preocupante que el pliego reserve 25 puntos de la valoración total a la denominada bolsa de horas gratuita, un criterio que, lejos de medir la calidad del servicio, premia a las empresas que estén dispuestas a asumir más trabajo sin contraprestación económica. Sumados a los 48 puntos asignados al precio, ambos criterios alcanzan 73 puntos de la valoración total, dejando en un segundo plano los aspectos que realmente determinan la calidad de un servicio de seguridad privada.
FeSMC-UGT destaca además un aspecto especialmente significativo de los pliegos. La Administración establece que la bolsa de horas gratuitas podrá alcanzar hasta el 5 % del total de horas previstas para el servicio. Teniendo en cuenta que el propio contrato fija un máximo de 8.730 horas, ello supone que las empresas licitadoras podrían llegar a ofrecer 436,5 horas de trabajo completamente gratuitas para obtener la máxima puntuación en este apartado.
Para el sindicato, este planteamiento no puede interpretarse como una mejora de la calidad del servicio. Al contrario, supone trasladar a las empresas la obligación de asumir cientos de horas sin retribución dentro del contrato, convirtiendo esa prestación gratuita en un mecanismo de reducción del precio real de la oferta. En consecuencia, la denominada bolsa de horas funciona como un descuento económico encubierto y no como un criterio cualitativo, alterando el equilibrio que exige la legislación en materia de contratación pública.
Desde FeSMC-UGT recuerdan que el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público exige que, en contratos como los de vigilancia y seguridad, los criterios relacionados con la calidad representen, al menos, el 51 % de la puntuación total. Sin embargo, cuando una cuarta parte de la valoración se asigna a horas de trabajo gratuitas, se sustituye la calidad por una rebaja económica indirecta que desvirtúa el propio objeto del contrato.
La organización sindical sostiene que la Administración dispone de mecanismos legales para contratar necesidades extraordinarias mediante precios unitarios previamente definidos y presupuestados, pero no mediante bolsas de horas ilimitadas que terminan premiando a quienes ofrecen trabajar gratis. A su juicio, esta fórmula favorece ofertas desproporcionadas, dificulta conocer el coste real del contrato y puede incentivar bajas económicamente insostenibles, con el consiguiente riesgo para la estabilidad del empleo, las condiciones laborales y la correcta prestación del servicio.
Asimismo, FeSMC-UGT advierte de que convertir la bolsa de horas en un criterio de adjudicación altera la naturaleza económica del contrato. Cualquier prestación que reduzca el coste efectivo para la Administración debe ser considerada un elemento del precio y no un criterio de calidad, ya que de lo contrario se desdibuja la transparencia de la licitación y se rompe la igualdad entre las empresas participantes.
Por todo ello, el sindicato ha instado al CSIC a revisar los pliegos y adecuarlos a la Ley de Contratos del Sector Público, eliminando aquellos criterios que, bajo la apariencia de mejoras gratuitas, esconden una reducción sustancial del valor económico del contrato y sustituyen la calidad objetiva del servicio por una competencia basada exclusivamente en ofrecer más horas sin coste para la Administración.
«La contratación pública debe premiar la excelencia en la prestación de los servicios y no incentivar modelos que erosionan el valor del trabajo y la sostenibilidad del sector de la seguridad privada», insiste Diego Giráldez.
