El Sector Regional de Oficinas y Seguros de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía, junto con l@s Responsables Provinciales ha mantenido hoy, 17 de junio, una reunión con los Grupos Parlamentarios de Adelante Andalucía y Por Andalucía en la que ha puesto de manifiesto el detrimento de las condiciones laborales por la irrupción de IA y la deslocalización.
Esta situación genera un deterioro sobre el empleo y los propios usuarios dado que perjudica la calidad del servicio prestado, a la vez que se produce un traslado de datos personales a países en los que no existe una legislación con garantías.
Este encuentro forma parte de una estrategia de actuación impulsada por UGT tanto en Andalucía como en el conjunto del Estado para visibilizar los efectos que estos procesos están teniendo sobre el empleo y las condiciones laborales, así como para promover la adopción de medidas políticas que permitan proteger a las personas trabajadoras.
Durante la reunión, UGT ha presentado un documento ejecutivo que recoge propuestas y actuaciones de carácter político y sindical para afrontar los retos derivados de la transformación tecnológica y la deslocalización de actividades en sectores como Contact Center, Consultoría, Ingeniería, Seguros y otros ámbitos incluidos dentro del Sector de Oficinas y Seguros.
“El Sector del Contact Center lidera los expedientes de regulación de empleo en nuestro país, con una destrucción masiva de más de 6500 puestos de trabajo, según la propia patronal del sector. Es necesario atajar esta situación desde la colaboración política y sindical. Nos encontramos en un momento crítico ante la sangría que se está ejecutando por parte de las empresas del sector”, ha señalado la Responsable Regional, Elvira Ramírez Peinado.
UGT también ha trasladado la preocupación por la falta de cumplimiento de la Ley 10/2025 de Servicios de Atención al Cliente, norma que obliga a las empresas a ofrecer a las personas usuarias del servicio, la posibilidad de ser atendidas por personas y no por bots. “Somos conscientes de que las empresas tienen hasta diciembre de 2026 para adaptar sus procedimientos a dicha Ley, pero después de seis meses de implantación, hemos comprobado que ninguna empresa ha hecho cambios en su modelo de gestión ni tienen intención de hacerlo”, declaran desde UGT.UGT continuará impulsando iniciativas institucionales, sindicales y legislativas para exigir políticas públicas que frenen la destrucción de empleo y garanticen una transición digital justa, que combine innovación, derechos laborales y calidad en los servicios.
