Hoy, 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar y desde FeSMC-UGT queremos seguir reivindicando unos Derechos Laborales dignos para este colectivo.
La reforma aprobada en 2022 (RD 16/2022 de 6 de septiembre) para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, ha generado un impacto inesperado y preocupante: cuatro de cada diez trabajadoras del hogar quedan fuera del sistema oficial, aumentando la economía sumergida en un sector ya vulnerable.
Desde 2018, el número de empleadas de hogar afiliadas al Sistema Especial ha caído un 17%, pasando de 419.000 a 347.000 en mayo de 2025. Esta reducción de aproximadamente 72.000 trabajadoras desaparecidas de los registros oficiales contrasta con la Encuesta de Población Activa, que estima más de medio millón de personas ocupadas en el sector. Esto implica que aproximadamente un 40% del empleo doméstico se encuentra en la economía sumergida, una cifra que crece conforme aumentan las exigencias regulatorias.
La reforma eliminó la figura del desistimiento sin causa y obligó a cotizar por desempleo, y trasladó a los hogares empleadores la responsabilidad total de las gestiones de alta y cotización, incluso para trabajos de pocas horas. Además, en 2024 se incorporó la prevención de riesgos laborales (PRL), obligatoria para estos servicios, imponiendo a los hogares la evaluación de riesgos, formación, equipos de protección y protocolos contra violencia y acoso. Desde noviembre de 2025, las familias que no cumplan con esta evaluación de riesgos laborales pueden enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros, lo que añade presión a un sistema ya tensionado.
Aunque el objetivo de profesionalizar el empleo doméstico es compartido por sindicatos y asociaciones empresariales, la nueva normativa no distingue adecuadamente entre el trabajo familiar directo y los servicios prestados por empresas. Esto convierte a los hogares en pequeños empresarios con obligaciones complejas, dificultando la contratación formal y fomentando la informalidad.
“Una regulación demasiado rígida puede tener efectos no deseados”
Una regulación demasiado rígida y que no esté adaptada a las posibilidades económicas y logísticas reales puede tener un efecto contrario al deseado si no se acompaña de medidas de apoyo y simplificación.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) beneficia de una manera directa a estas trabajadoras. Desde el 01 de enero de 2026 se sitúa en 17.094€ anuales en 14 pagas (1.221€/mes). Esto supone una subida de más del 45% en cinco años, con el incremento correspondiente en las cuotas a la Seguridad Social. El aumento de la base de cotización mejora las futuras prestaciones por jubilación, incapacidad temporal y desempleo de las trabajadoras. Sin embargo, lo que para estas trabajadoras supone una mejora de derechos, totalmente necesarios, aumenta considerablemente la presión económica sobre las familias.
La equiparación de derechos era una deuda histórica para miles de trabajadoras invisibles, pero la realidad actual muestra que no puede lograrse a costa de un marco económico inviable. Sin incentivos, simplificación administrativa y apoyo fiscal, la formalización del empleo doméstico seguirá siendo un reto difícil de superar.
“El trabajo doméstico es la puerta de entrada al mercado laboral para mujeres migrantes en situación irregular”
La regularización de personas migrantes que quiere poner en marcha el Gobierno representa una oportunidad clave para mejorar las condiciones del empleo doméstico.
Hay que recordar que es un sector altamente feminizado y en su mayoría, además, de mujeres migrantes, muchas en situación irregular, lo que las coloca en una posición especialmente vulnerable, sin acceso a derechos laborales ni protección social. La posibilidad de regularizar su situación puede facilitar su incorporación formal al sistema, reduciendo la economía sumergida y mejorando su acceso a derechos y prestaciones.
Sin embargo, esta regularización también puede generar tensiones en el mercado laboral doméstico. La entrada masiva de trabajadoras regularizadas podría aumentar la competencia en un sector ya ajustado, presionando salarios y condiciones si no se acompaña de políticas que promuevan el empleo digno y la profesionalización continua.
Por ello, es fundamental que la regularización migratoria vaya acompañada de medidas integrales que incluyan formación, acceso a servicios sociales y campañas de sensibilización para garantizar que la formalización del empleo doméstico sea sostenible y justa para todas las partes implicadas.
La reforma de 2022, que buscaba dignificar el empleo doméstico corre el riesgo de convertirse en la causa de su precarización más silenciosa, con cerca de 100.000 empleadas ya fuera del sistema, pero la regularización de migrantes puede ser una vía para revertir esta tendencia si se gestiona con políticas inclusivas y realistas.
Las Administraciones están contado con un colchón de trabajadoras precarias para cubrir la falta de inversiones en protección social que dé cobertura a las necesidades de cuidados y tareas del hogar de las personas y familias.
Desde FeSMC-UGT seguiremos luchando para que estas trabajadoras sigan conquistando derechos laborales. Para que ser mujer y migrante no suponga una condena a la precariedad, la invisibilidad laboral o la exclusión social.
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