Opinión

Álvaro Vicioso Alfaro, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de FeSMC-UGT

Álvaro Vicioso Alfaro, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de FeSMC-UGT

Trabajar para vivir

«28-A, Dia Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo»

En el informe elaborado por FeSMC-UGT y de inminente publicación “Crecen los Accidentes de Trabajo en los Sectores de FeSMC-UGT”, se constata que durante el año 2021 se han producido más de medio millón de accidentes con baja en los sectores productivos de nuestro país

Si en 2020 hubo 238 accidentes con resultado de muerte, un año después la cifra ascendió a 267 personas fallecidas en alguno de los sectores de FeSMC-UGT. Son cifras absolutamente inasumibles.

Tras dos años de pandemia por la COVID-19, se ha puesto de manifiesto que salud pública y salud laboral deben de ir de la mano. Garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo ha sido una de las claves para contener y controlar la transmisión de virus en el conjunto de la sociedad. No obstante, aún quedan cuestiones por resolver: la necesidad de seguir reivindicando que se incluya en el listado de enfermedades profesionales la COVID-19; que se aborden soluciones para las personas que sufren COVID persistente, que tienen secuelas meses después y no se le dan soluciones específicas; o que se discutan medidas específicas en la negociación colectiva para realizar una prevención eficaz en el teletrabajo.

La precariedad laboral mata. Sigue siendo uno de los elementos que facilitan el aumento de la siniestralidad laboral y también uno de los factores que influye en la salud mental junto a los riesgos psicosociales. El objetivo que se marca la nueva reforma laboral entre otros aspectos es la reducción de la temporalidad (claramente vinculadas a la precariedad) que supondrá una reducción en las cifras de accidentabilidad, especialmente en jóvenes y mujeres, los colectivos más afectados.

No obstante, la reducción de la temporalidad es razón necesaria, pero no suficiente para luchar contra la accidentabilidad.  Además, debe ir acompañada de medidas de prevención, porque sabemos que detrás de cada accidente hay falta de medidas de seguridad, falta de integración de la prevención en la empresa, falta de cultura preventiva o falta de cumplimiento de la normativa.

Porque, si después de tantos años desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no se han conseguido reducir la siniestralidad a unos mínimos razonables, ello indica que algo se está haciendo mal. Por lo tanto, es urgente y necesaria una mayor inversión en prevención de riesgos laborales en nuestro país.

Se requiere de una mayor actuación, con más medios, recursos y especialización de la Inspección de Trabajo, y una mayor presencia en las empresas del personal técnico de los diferentes Institutos Regionales de Salud Laboral de las Comunidades Autónomas.

Los Servicios de Prevención Ajenos han sido de vital importancia durante la pandemia, haciendo de los centros de trabajo lugares seguros, consiguiendo que no fueran focos principales de contagio. Deben ser considerados como servicios esenciales ya que ejercen un papel indispensable en la consecución de la salud y el bienestar laboral.

Por tanto, el objetivo principal de los Servicios de Prevención Ajenos no puede ser obtener el mayor beneficio económico posible y el evitar sanciones a las empresas, si no la prevención real de accidentes y enfermedades profesionales. Pero eso no se conseguirá si no interviene la Administración pública de una forma urgente y decidida para regular su funcionamiento. No se puede consentir que las empresas sigan viendo la prevención más como un coste que como una inversión.

En este sentido, se tiene que legislar la ratio de personas trabajadoras por empresa que puede atender el personal técnico y sanitario de estos servicios de prevención, para dar un servicio adecuado que permita identificar y evaluar todas las situaciones de riesgo y la detección de patologías relacionadas con el entorno laboral.

Los factores de riesgo a los que se encuentran expuestas las personas trabajadoras de los sectores de FeSMC-UGT y que pueden desencadenar en enfermedades profesionales (EE.PP.), son, principalmente los riesgos psicosociales y riesgos ergonómicos con posibilidad de daños.

Son precisamente estos riesgos (ergonómicos y psicosociales) los que suelen estar menos identificados en las evaluaciones de riesgos, a diferencia de los riesgos de seguridad o higiene (más sencillos de identificar). Todo esto dificulta o impide planificar acciones encaminadas a eliminar o reducir estos riesgos.

Es necesario para poder llegar a una correcta identificación de la EE.PP., disponer de evaluaciones de riesgo específicas (de factores psicosociales y ergonómicas) con metodología avaladas por entidades como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), donde se identifiquen aquellos factores de riesgo, principalmente de origen psicosocial y ergonómico, que puedan generar EE.PP. y se indiquen medidas concretas, no genéricas, para evitar estos riesgos.

Estas evaluaciones específicas son imprescindibles para determinar la relación entre las tareas desempeñadas y la consecuente enfermedad profesional.  Las medidas a adoptar, derivadas de la evaluación pueden impedir el desarrollo de nuevas patologías de origen laboral. Por eso, los Comités de Seguridad y Salud de las empresas y la propia negociación colectiva deben exigir la realización de estas evaluaciones.

Capítulo aparte es la situación del amianto, un cancerígeno cuyo uso lleva 20 años prohibido y que seguirá causando enfermedad y muerte mientras no se elabore una estrategia estatal para su erradicación. Los poderes públicos españoles tienen una deuda con las personas que enfermaron por el amianto en tiempos en los que, a pesar de conocer sus efectos mortales, no se prohibió su uso. Por ello, hay que aprobar el fondo de compensación de las victimas del amianto dando cobertura a la exposición en el ámbito laboral, familiar y ambiental, librándose del clavario administrativo y judicial al que actualmente se ven sometidos para ver sus daños indemnizados.

Otro de los aspectos que recoge el informe es la alta accidentabilidad en las empresas de menos de 50 personas trabajadoras. La falta de representación sindical en la pequeña empresa impide que se conozcan y se denuncien situaciones de riesgo. Es imprescindible la creación de la figura del delegado/a territorial, que pueda actuar en diferentes empresas en las que no exista la representación sindical.

También es necesario incluir la perspectiva de género dentro de la salud laboral, lo que implica la atención a las diferencias de género en cuanto a la exposición a los riesgos, la prevención de éstos y las diferentes consecuencias que tienen para la salud. Recordemos, que este colectivo es el más afectado por la precariedad laboral

La falta de adaptación del diseño del puesto de trabajo a las características de ergonomía de las trabajadoras, supone un mayor riesgo de sufrir trastornos musculo esqueléticos.

Sostiene el informe que: “la accidentalidad también se distribuye de forma desigual según el sexo y la edad. Lo que implica la falta de capacidad de adaptación a las circunstancias físicas y personales de las trabajadoras y los trabajadores.

La falta de políticas de prevención, que ignoren la edad o circunstancias físicas de la persona trabajadora impide que se realicen adaptaciones al puesto y hace que aumente la enfermedad profesional en personas de mayor edad.

En este contexto que denunciamos, el Gobierno debe abrir una mesa de diálogo social para poner el foco en la prevención de riesgos laborales y en las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo. Es necesario repensar el modelo de gestión preventiva en las empresas y fortalecer los organismos con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En definitiva, necesitamos situar la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas.

Porque la salud es un derecho fundamental (artículo 15 de la Constitución), también en el trabajo.