Hay que reforzar las rentas de los más vulnerables

► El sindicato considera que no se puede esperar más: es preciso subir ya el SMI, hasta que alcance los 1.000 euros al mes este año; y asegurar que los convenios colectivos garanticen un nivel mínimo de al menos 1.000 euros al mes, tal y como figura en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), que caducó en 2020 y que hay que renovar cuanto antes.

► Asimismo, es preciso mejorar la prestación del Ingreso Mínimo Vital, pues todavía hay medio millón de personas con derecho a ella que quedan excluidas.

Los datos de IPC correspondientes al mes de marzo, publicados por el INE en el día de hoy, muestran un incremento de los precios respecto a febrero de un 1%. Por su parte, la tasa interanual asciende al 1,3%, hasta 1,3 puntos más respecto al mes anterior, donde la variación anual fue nula.

Estos resultados se atribuyen a la evolución de los precios de la electricidad, los carburantes y los combustibles, en contraste con las acentuadas caídas experimentadas en marzo del año pasado, cuando se aplicaron las primeras medidas restrictivas para controlar el virus. Así pues, este grupo de productos registra una tasa interanual del 9,6%, mientras que, si nos fijamos solamente en la electricidad, ésta aumenta, anualmente, en un 14,6%.

En cambio, si atendemos a la inflación subyacente, que excluye los precios de los productos energéticos y de los alimentos no elaborados, la tasa interanual se mantiene en el 0,3%, hasta un punto por debajo de la del IPC general.

Por su parte, los bienes especiales del grupo COVID-19, que conforma la cesta de bienes más consumida por las familias españolas durante la pandemia, no varían respecto a febrero, aunque en términos anuales su tasa de variación se eleva al 1%.

Los resultados de este mes se deben a la fuerte volatilidad que experimentan los precios de los productos energéticos, por lo que, como venimos señalando en los últimos meses, no se aprecia una senda inflacionista e incluso, por el momento, los datos siguen por debajo del objetivo de inflación del BCE, “por debajo pero cercano al 2%”.

Sin embargo, al igual que los bienes incluidos en el grupo COVID-19, se trata de productos imprescindibles cuyo peso en la cesta de la compra es mayor en aquellas familias con ingresos más reducidos, por lo que su evolución ha de tenerse en cuenta. Así pues, que el precio de los alimentos o la electricidad se sitúe por encima de la media general tiene repercusiones negativas en términos de desigualdad, acentuándose aun más en un contexto desfavorable como el actual, donde más de 600 mil hogares no percibían ningún tipo de ingreso al cierre de 2020.

Por ello, si bien las medidas que se están aplicando muestran un giro de guion positivo respecto a las recetas austericidas del pasado, debemos seguir insistiendo en impulsar estímulos fiscales bien dirigidos y reforzar la política de rentas. Para ello, resulta esencial incrementar el SMI en 2021 y asegurar que los convenios colectivos garanticen un nivel mínimo de al menos 1.000 euros al mes, como se comprometió las organizaciones empresariales en el cuarto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), cuya vigencia finalizó a finales de 2020.

También resulta absolutamente imprescindible mejorar la prestación del Ingreso Mínimo Vital, pues todavía hay medio millón de personas con derecho a ella que quedan excluidas. En este sentido, desde UGT hemos iniciado una ronda de reuniones con diferentes grupos parlamentarios a fin de que estos recojan nuestras enmiendas para mejorar y enriquecer la regulación actual.

En definitiva, en un horizonte económico y social sigue predominando una marcada incertidumbre, garantizar las necesidades básicas de aquellos y aquellas que peor lo están pasando debe seguir siendo una máxima, evitando que los efectos más perniciosos de la pandemia puedan volverse estructurales.