Opinión

Miguel Ángel Cilleros | Secretario General de FeSMC-UGT

Miguel Ángel Cilleros | Secretario General de FeSMC-UGT

La insoportable invasión del derecho a la competencia

Como sabemos, en su origen, la actual Unión Europea era, en exclusiva, un mercado. Un mercado que protegía la libre circulación de mercancías y capitales, y la competencia. Principios ligados a una concepción clásica, casi estereotipada, de liberalismo económico. De derechos ciudadanos se hablaba poco, de derechos sociales, nada.

En una fase posterior, se frustraría el intento de dotar a la UE de una Constitución, ámbito idóneo para instituir los derechos de la ciudadanía. Pero se compensaría con la aprobación en el año 2000 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Carta que desde diciembre de 2009 ha pasado a formar parte del Derecho Originario de la Unión. Y por lo tanto, los derechos en ella reconocidos se sitúan en plano de igualdad con el resto de derechos establecidos en los tratados originales. Uno de los derechos reconocidos en la Carta es el ‘Derecho de negociación y de acción colectiva’ (art. 28).

Era inevitable que el derecho de negociación colectiva y el de la competencia entraran en conflicto. Ha sucedido en toda Europa y también en España. En consecuencia, también era inevitable que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) se manifestara.

Su jurisprudencia viene a aceptar que la negociación colectiva se realiza en un ámbito alejado de las normas que prohíben acuerdos contrarios a la competencia. Que es propio de la negociación colectiva alterar las “sacrosantas reglas de la oferta y la demanda” en el mercado de trabajo. De ahí que cuando los convenios actúan en el marco que les corresponde, sus acuerdos no están afectados por la prohibición de la distorsión de las reglas de la competencia (art. 101.1 TFUE).

Todo parece claro, o no. La cuestión es determinar cuáles son las materias de los convenios y cuáles son aquellas que, por exceder del marco de la negociación colectiva, quedan disponibles al escrutinio y actuación de las autoridades en competencia.

La todopoderosa CNMC

En España, esa labor es ejercida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que reivindica el “carácter horizontal de la normativa de defensa de la competencia”. Horizontalidad que, no encontramos referida en la propia Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Y es esa la que para algún autor ha derivado en los “horizontes de grandeza” de la CNMC. Nada le parece ajeno. Su actuación no conoce límites. Ha llegado, incluso, a dirigirse al propio TJUE con la pretensión de formular una cuestión prejudicial, como si de un órgano jurisdiccional se tratara.

También se ha inmiscuido en cualquier fase de la negociación colectiva. Ignorando que, si la libertad de la empresa es un derecho constitucional, también lo es la negociación colectiva que se integra en el derecho fundamental a la libertad sindical (art 28 CE).

Y así hemos confrontado en materias como el tratamiento de la subrogación convencional que tiene por objeto la preservación del empleo y no contraviene la competencia, como ya se ha establecido con el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad 2005-2008 que tuvimos que pelear jurídicamente y ganamos por Sentencia de la Audiencia Nacional. También, conseguimos la revocación de la Resolución de la CNMC respecto del Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera, que estableció que respondía a un propósito razonable en la regulación de los convenios, al regular la situación de los contratos de trabajo del personal de empresas concesionarias/prestatarias salientes. No obstante, la CNMC en el Acuerdo en el sector de la estiba portuaria, que incluso llegó a cuestionar la normativa reguladora, vendría a resolver que su cláusula subrogatoria suponía una infracción grave de las contempladas en la LDC.

Incluso en materia de horarios comerciales, donde es claro, y así lo han confirmado los tribunales, que se trata de un asunto que afecta al tiempo de trabajo y por tanto, materia propia de la negociación colectiva.

Una vez más, en materia de restricciones de acceso al mercado. Así la AN nos daría la razón en el V CC General del Sector de la Construcción donde se regula en forma más restrictiva el acceso a la homologación facilitada por la Fundación Laboral de la Construcción, diciendo que las restricciones son admisibles “siempre que se encuentren ligadas a los intereses y finalidades esenciales de las representaciones sindicales”.

A nuestro pesar ha habido sentencias desfavorables, como en el caso de las cláusulas de repercusión en precios del coste del convenio en el sectorial de ayuda a domicilio de Cantabria, en el del sector de contact center, o el de empresas de seguridad y el de empresas estibadoras del Puerto de Vigo. Se trataba de convenios que fijaban los “precios” a los que las empresas debieran ofrecer sus servicios, buscando la garantía de igualdad entre los competidores.

Sonada es la resolución de la CNMC, respecto del CC de ámbito nacional en el sector de la estiba portuaria, con resultado sancionador a la organización empresarial y a tres sindicatos por, presuntamente, excederse del marco de la relación laboral.

Ante lo expuesto, la CNMC, sobre la base de esa “transversalidad”, acumula funciones que un estado de derecho exige que estén separadas. Decide que los sindicatos respecto de la LDC son “agentes económicos”, que un convenio colectivo es un acuerdo entre empresas. O se arroga el control de legalidad de los convenios, reservado a la jurisdicción social, exigiendo a las partes variar su contenido. Y por si no fuera suficiente, las autoridades de competencia han pretendido condicionar el ejercicio del derecho de huelga con “advertencias” de extralimitaciones de los convocantes que, con su convocatoria podrían estar invadiendo su ámbito competencial.

Intromisiones constantes

La CNMC se “auto otorga” un control administrativo de los convenios. De este modo los convenios serán objeto de dos controles administrativos: el de la autoridad laboral y el de la CNMC. Controles que no coinciden. Lo que genera consecuencias no solo sobre el derecho aplicable, sino también sobre la jurisdicción competente.

Con su intromisión en la negociación colectiva, la CNMC ignora que, aquélla tiene como lógica el establecimiento de normas protectoras de las personas trabajadoras, sobre la base de una razón a la que el Derecho hace tiempo que llegó: en el contrato de trabajo las partes no se encuentran en posición de igualdad. De ahí que los límites a la contratación en el ámbito laboral no puedan considerarse contrarios a la competencia. Y que, la legislación laboral y los convenios colectivos tengan su propio espacio de desenvolvimiento y cuenten con jurisdicción propia.

Por eso resulta inaplazable modificar la Ley de Defensa de la Competencia para excluir también a los convenios colectivos del ámbito de aplicación de esa Ley. Y en coherencia, modificar la Ley reguladora de la jurisdicción social con la finalidad de reforzar la exclusiva competencia de la materia de los convenios colectivos.

Pero antes de todo ello y con extrema urgencia, la Ministra de Trabajo y Economía Social debe ordenar la denuncia del convenio de colaboración de su Ministerio con la CNMC. Ya que consideramos que es la herramienta de la que hoy se sirve la Comisión para intervenir en la fase negociadora de los convenios y la que le permite abrir expediente administrativo sancionador a pesar de que el convenio colectivo haya superado la evaluación de la Dirección General de Trabajo.

Hoy es más necesario que nunca aplicar el filtro corrector necesario a la excesiva politización de carácter liberal que inunda el ADN de la CNMC.

Muertes en el trabajo – #NiUnaMuerteMás