Opinión

Álvaro Vicioso | Adjunto Acción Sindical FeSMC-UGT

Álvaro Vicioso | Adjunto Acción Sindical FeSMC-UGT

Derogar la desindexación: ¡Devuélvame la cartera!

El año 2015 fue el año de la infamia para las personas trabajadoras de los sectores de FeSMC-UGT que desarrollan su actividad laboral en empresas que prestan sus servicios para empresas públicas vía licitaciones.

En ese año, el Gobierno del Partido Popular, con un tal Luis de Guindos a la cabeza de la medida, estableció que los valores monetarios públicos -como rentas, precios o tasas- dejaban de estar vinculados al índice de precios de consumo (IPC) y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos.

Con esta norma, el Gobierno “popular” de aquel entonces evitaba la denominada “segunda ronda de inflación”, es decir, la que supone un alza automática en los precios, aunque los costes específicos de ese servicio no se hayan visto alterados.

Reiteramos que el principal problema de la competitividad española no está en la inflación, sino en la falta de innovación. Y por tanto la norma de desindexación no es el mejor medio para fomentar la competitividad de las empresas españolas.

Desde aquél entonces, en FeSMC-UGT nos reivindicamos en contra de esta medida, cual “gota malaya”. Porque a nuestro juicio, afecta a la negociación colectiva al reducir la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras de empresas que trabajan para el sector público.

Dudosa legalidad

Pero lo que aquí venimos a indicar es que, fruto de una explicación quizás algo compleja, éste Real Decreto 55/2017 es, quizás, de dudosa legalidad.

La Ley 2/2015 al desindexar la economía tenía claro que había límites, situando exclusiones del ámbito de aplicación, en su artículo 3, estableciendo como primera exclusión en el ámbito de aplicación de la ley a la negociación colectiva. Y lo hace nada menos que por motivos constitucionales.

Sin embargo, el RD 55/2017 en su artículo 5 es cierto que no establece un índice directo. No dice “si yo he subido al personal funcionario un 2%, usted no puede subir un 3%”. Lo que indica es “usted puede acordar con sus trabajadores lo que quiera, pero ya sabe que el límite de lo que me puede repercutir como incremento de costes laborales es únicamente el 2%, que es lo que yo he subido de salario al personal funcionario”.

Lo que supone, de facto, una indexación (ahora a otro índice, el salarial del personal funcionario) y, sobre todo, compromete la capacidad de negociación colectiva que, como se decía en la ley de 2015, es un derecho constitucionalmente protegido.

Pero el asunto no acaba ahí. Una ley posterior, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por tanto, norma de superior rango y además posterior en su aprobación, marca como uno de sus objetivos que “se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral”. Entre las cuales, añado yo, está sin duda la negociación colectiva.

Y, para colmo, en un periodo de restricciones salariales en la Administración Pública que, por mor de la aplicación de la previsión del RD del 17, ha tenido incidencia en los salarios de las personas que prestan servicio en empresas que contratan con la Administración ha sido especialmente baja y eso es lo que se viene a reconocer en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo que se fundamenta en el reconocimiento del “esfuerzo colectivo que han realizado [el personal funcionario] para contribuir a la mejora de la situación económica de nuestro país”. De ahí que se haya aprobado el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Y así viene a suceder que las personas trabajadoras de las contratas vieron su salario indizado a los salarios públicos. Pero cuando ahora se han buscado fórmulas de compensación al personal funcionario, éstas no son trasladables a las personas empleadas en las contratas.

A perro flaco…

Claramente nos encontramos en una situación que no sólo no es lógica (con cualquiera de las lógicas que se aplique), sino que es injusta porque afecta especialmente a sectores que aúnan bajas retribuciones y alta inestabilidad laboral y que, si no es inconstitucional en el sentido estricto “cosa que sería discutible”, desde luego lo es en sentido lato.

De modo que, un gobierno que se atribuye sensibilidad en lo social, está obligado a revertir esta situación de forma urgente. Es preciso abordar una modificación de la normativa de Desindexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de que se permita la modificación de los precios de los contratos como consecuencia tanto de un incremento de los costes laborales imprevisibles, derivado de una norma legal o reglamentaria, como de un incremento de los costes laborales en la negociación colectiva dentro de unos parámetros razonables.

Es el momento de repartir los esfuerzos y que las rentas del capital sean tan solidarias, como lo han sido las rentas del trabajo.

No estamos en tiempos de dejar atrás a las personas trabajadoras, personas que cumplen con sus obligaciones ciudadanas. No se ha de jugar con las condiciones salariales de los sectores públicos esenciales por el simple hecho de primar la ideología sobre la justicia, el orden jurídico y la responsabilidad.

Porque en FeSMC-UGT defendemos transformar nuestras sociedades sin olvidar los principios de solidaridad, justicia e igualdad. No hacerlo bajo estas reglas sería una involución histórica y un fraude para las generaciones venideras que no debemos consentir.

Muertes en el trabajo – #NiUnaMuerteMás