La Directiva Europea sobre salarios es inaceptable

La propuesta de la Comisión se queda corta y no garantiza acabar con la pobreza laboral

► La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT es miembro fundador, considera que la propuesta de Directiva sobre salarios mínimos justos y negociación colectiva de la Comisión Europea es insuficiente, pues no garantiza que muchos trabajadores y trabajadoras salgan del umbral de la pobreza, ni garantiza el respeto al derecho de la negociación colectiva, entre otras cuestiones.

► El Parlamento Europeo podría introducir enmiendas a este texto, de manera que no se cierre en falso una cuestión vital para millones de trabajadores y trabajadoras de la UE aunque, a juicio de UGT, la propuesta de la Comisión es insatisfactoria y admite poco espacio para la mejora. Actualmente, en 16 Estados miembros el salario mínimo legal no evita que las personas trabajadoras salgan del umbral de riesgo de pobreza y en 6 están en peor situación que hace 10 años.

La Confederación Europea de Sindicatos, de la que UGT es miembro fundador, considera que la propuesta de la Comisión Europea de una Directiva sobre salarios mínimos justos y negociación colectiva, que se publilcó ayer miércoles, 28 de octubre, se queda corta y debe ser mejorada, a través de enmiendas en el Parlamento Europeo. La propuesta de la Comisión no garantiza un aumento significativo del  sueldo para los y las trabajadoras con salarios mínimos, por lo que las enmiendas deben orientarse a lograr salarios mínimos más altos y reforzar la negociación colectiva. La secretaria general adjunta de la CES ha declarado que “los sindicatos lucharemos duro para conseguir mejoras por parte de los diputados y los ministros.”

Las mejoras clave que deben hacerse a la Directiva son:

Para la Unión General de Trabajadores (UGT) la propuesta de la Comisión deja más sombras que luces sobre una iniciativa que fue una de las grandes apuestas de las organizaciones sindicales de cara a las elecciones europeas de mayo de 2019, de varios partidos políticos y de la propia Presidenta de la Comisión, Úrsula Von Der Leyen.

Para UGT, el texto presentado no honra el espíritu que alumbró la idea de crear un instrumento legal europeo que reforzase la negociación colectiva y marcase un salario mínimo justo y decente en los distintos Estados miembro de la Unión Europea (UE).

Al margen de que los criterios nacionales que impondría la directiva para establecer el salario mínimo empeoran el sistema recogido en el Estatuto de los Trabajadores (un anhelo desde hace muchos años de las fuerzas liberales de la UE) y, sólo por ello, la propuesta es inaceptable para España.

Son varios los aspectos que deben mejorarse para que la directiva sea aceptable y otros que, sin discusión alguna, deben ser retirados. La existencia de distintas tablas salariales mínimas para distintos grupos de trabajadoras y trabajadores (que consagraría, de manera legal, la discriminación), la falta de un baremo claro con el que fijar los salarios mínimos, los espacios grises del texto que pueden suponer el que millones de trabajadores y trabajadoras queden fuera del alcance de la directiva (en principio, personas no asalariadas), falta de concreción con respecto a la negociación colectiva o la falta de una mención específica a una cláusula de progreso social que proteja la negociación y los convenios colectivos hacen el que el texto, en su forma actual, deje más dudas que certezas sobre el verdadero interés de la Comisión. A juicio de UGT, la actual composición del Parlamento Europeo no garantiza que el texto pueda ser mejorado tanto como resulta necesario.

No se puede permitir que ningún trabajador viva por debajo del umbral de la pobreza. El objetivo debe ser ese que ningún trabajador viva en el umbral de la pobreza. La CES siempre ha trabajado con un umbral equivalente al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio, en la cercanía del criterio presente en la Carta Social Europea, baremo que no figura en el texto.

Debería incluirse también la exigencia a las empresas privadas para que respeten y adopten los mecanismos de negociación colectiva como condición para beneficiarse de la contratación pública. Los organismos públicos gastan alrededor de 2 billones de euros (14% del PIB al año en la UE), en compra de bienes y servicios. Esta enorme cantidad debe invertirse sólo en empresas que paguen salarios justos. Debe también prohibirse, de manera clara, que los empleadores hagan cualquier deducción que puedan justificar en el pago de un salario mínimo legal.

El proyecto de Directiva exige a aquellos Estados miembros en los que menos del 70% de los trabajadores están cubiertos por la negociación colectiva (actualmente dieciocho) que adopten un plan de acción para promoverla. La Directiva debe especificar que estos planes garanticen el respeto al derecho a la negociación colectiva y que, con contundencia, acabe con las prácticas antisindicales, como las represalias contra los trabajadores que se afilian a un sindicato, que aún persisten en varios países de la UE.

La situación de los salarios mínimos en Europa:

• El salario mínimo legal es insuficiente y no saca a los trabajadores del riesgo de pobreza en al menos 16 de los estados miembros de la UE.

• Los trabajadores de seis estados miembros están en peor situación que hace 10 años.

• La evidencia demuestra que los países de la UE con los niveles más bajos de negociación colectiva tienen los salarios más bajos.  3,3 millones de trabajadores han perdido la negociación colectiva desde 2000.