Comisión para la reconstrucción: una oportunidad perdida para dos millones de españoles

La conexión a Internet es una necesidad vital comparable al suministro de agua, gas o electricidad. Internet no es un artículo de lujo, es un derecho, tal y como lo reconoce la ONU.

La pandemia por Covid-19 ha demostrado la importancia de contar con redes de telecomunicaciones capilares, robustas y de vanguardia. Sin ellas, el confinamiento no se hubiese vivido de la misma manera: no hubiese sido posible teletrabajar con soltura, ni impartir/recibir clases a distancia y las posibilidades de entretenimiento habrían disminuido ostensiblemente.

Sin embargo, un número elevado de personas carece de la posibilidad de acceder a esta conectividad. La publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida por el INE, correspondiente al año 2019, desvela una realidad alarmante: todavía un 4,62% de la población española no puede permitirse una conexión a Internet. Son 2,17 millones de españoles que, por su situación de vulnerabilidad económica, no pueden sufragarse una conexión a Internet, ya sea fija o móvil, en su hogar.

El análisis de los microdatos publicados en ese mismo estudio descubre otras carencias aún más inquietantes: casi un millón de hogares afirman no tener capacidad económica para adquirir un ordenador y otros 30.500 ni siquiera pueden pagarse una conexión telefónica básica.

En una sociedad como la actual no disponer de conexión a Internet supone, de facto, un elemento de exclusión radical. Todas estas personas y familias verán severamente mermadas sus posibilidades laborales, sociales y económicas como consecuencia de esta desconexión. Hoy por hoy, y así lo han confirmado los reales decretos aprobados por el Gobierno durante los momentos más duros de la pandemia, la conexión a Internet es una necesidad vital comparable al suministro de agua, gas o electricidad. En resumen, Internet no es un artículo de lujo, es un derecho, tal y como lo reconoce la ONU.

UGT insiste en la necesidad de tomar medidas dirigidas específicamente a estos colectivos vulnerables, mejorando la actual cobertura del Servicio Universal. Es preciso poner en marcha un plan integral contra la brecha digital, en forma Plan Nacional de Inclusión Digital, que incluya la instauración de tarifas sociales asequibles para estos colectivos vulnerables, tal y como recomienda la CNMC y como aplican países como Francia, Reino Unido, EEUU, Hungría o Lituania.

Deberían haberse planteado en los pactos de la Comisión de Reconstrucción creada para reparar el daño económico provocado por la pandemia; desgraciadamente ni el gobierno ni los partidos políticos han afrontado esta situación. Es una nueva oportunidad perdida. Esperemos que los nuevos Presupuestos Generales del Estados no lo sean. Es urgente actuar, pues si no se toman medias, dejaremos atrás a millones de personas que quedarán fuera, quizás para siempre, de una sociedad que se está desarrollando en clave 100% digital.