La Junta de Andalucía dirige el mayor ataque al pequeño y mediano comercio Andaluz desde 1981

La aprobación del Decreto-Ley 2/2020 con la falsa excusa del Brexit y la pandemia del Covid-19, traslada a la legislación andaluza, sin negociación, todas las exigencias de la patronal de grandes operadores comerciales ANGED.

Empresarios del pequeño y mediano comercio,trabajadores/as y consumidores/as ,son las grandes damnificadas de la política autoritaria del Gobierno de Juanma Moreno, del PP.

En vez de preocuparse de proteger del Covid-19 a los y las trabajadoras del sector sanitario publico andaluz, el gobierno del trifachito andaluz (PP/CS+VOX) ha aprovechado oportunamente la pandemia que ha provocado la muerte de miles de andaluces para modificar salvajemente la legislación andaluza del comercio interior.

Utilizando de forma torticera la figura del Decreto-Ley , el gobierno andaluz ha impedido el debate social y político de las contra-reformas que defienden la gran patronal española de comercio, integrada mayoritariamente por multinacionales europeas y representadas en Andalucía por la CEA, confederación que actualmente no representa ni defiende los intereses de la patronal del pequeño y mediano comercio andaluz, de capital autóctono, los cuales son los actuales negociadores de los Convenios Colectivos Provinciales.

El interés real del gobierno de Juanma Moreno es una política anti patriótica de debilitar al pequeño y mediano comercio ( de capital andaluz), y trasvasar cuota de mercado hacia las grandes empresas de distribución comercial (de capital Europeo).

El Gobierno de las derechas impone un modelo comercial obsoleto y fracasado en otras comunidades autónomas

Con el Decreto-Ley 2/2020 , el gobierno Andaluz vuelve a imponer un modelo comercial obsoleto y medioambiental-mente insostenible, tal y como se ha demostrado en aquellas comunidades autónomas gobernadas por las derechas, como la de Madrid, donde estas políticas a favor de las grandes superficies de las periferias de las ciudades ha provocado la perdida global de empleo del sector del comercio (generalmente autónomo y más estables), siendo sustituido por el empleo precario aprovechando al máximo la desregulación introducida por el Gobierno de Rajoy y ha supuesto un obstáculo para los consumidores sin vehículo privado (mayores, jóvenes, personas con diversidad funcional, etc.)

Que este modelo comercial impuesto por el trifachito en nuestra comunidad autónoma ha fracasado, queda demostrado en el estudio “Impacto de la liberalización de horarios comerciales en el comercio minorista” elaborado por la catedrática María Jesús Yagüe Guillen, de la Universidad Autónoma de Madrid. Según este estudio, en la Comunidad madrileña, que más desreguló los horarios comerciales y espejo en que ahora se mira Andalucía, fue la que más  cotizantes perdieron en el sector de Comercio minorista durante el bienio 2012/2013, tendencias opuestas al conjunto nacional, destacando el aumento de la afiliación minorista de Canarias, Murcia y Andalucía, en ninguna de las cuales se ampliaron los horarios comerciales por encima de los mínimos exigidos legalmente durante ese periodo.

Es revelador del talante autoritario del Gobierno presidido por el PP Andaluz, al valerse de la figura del Decreto-ley para imponer unilateralmente su voluntad,saltándose la actual normativa contemplada por la propia Ley de Comercio Interior de Andalucía, que favorece el acuerdo y el consenso tanto en el seno del Consejo Andaluz de Comercio (entre Administración, agentes sociales y económicos y municipios y consumidores) como con los grupos parlamentarios, y que ha traído la paz social al sector en las últimas décadas. E igual de reveladora fue la respuesta ofrecida por la Dirección general de Comercio en el Consejo Andaluz de Comercio, que ofreció como única alternativa a su política de imposición , el recurso en los tribunales.

Además, esta política subsidiaria del Gobierno Andaluz a los intereses de la ANGED va a provocar todo lo contrario de las motivaciones que alega en las Disposiciones generales del Decreto-Ley, ya que la nueva legislación impuesta de forma unilateral y sin negociación , va a favorecer las grandes plataformas de comercio electrónico sin establecimiento físico, al provocar el cierre masivo del comercio de proximidad en nuestros barrios y pueblos. Por eso podemos afirmar que el interés real de esta normativa es asegurar la cuota de mercado de las grandes superficies amenazadas por el comercio electrónico.

Ademas, este modelo fomenta la desertización comercial de la Andalucía vaciada, dinamita la estructura mediterránea de nuestras ciudades al provocar el cierre de miles de establecimientos comerciales, provoca inseguridad ciudadana en las calles sin actividad  comercial y dificulta la conciliación de la vida personal laboral y familiar del conjunto de la población.

El Gobierno andaluz desprecia el sacrificio de las/os trabajadores del comercio durante la pandemia del Covid-19

Con este Decreto-Ley, en Andalucía se pasa de la apertura comercial de 10 domingos y festivos, a abrirse 14 domingos y festivos en 2020 y 2021 y 16 a partir de 2022, concentrándolos  mayoritariamente  entre finales de noviembre y primeros de enero.

Este ha sido el “pago” que realiza el Gobierno del Sr. Moreno a los trabajadores del pequeño y mediano comercio andaluz al esfuerzo y sacrificios realizados por los trabajadores del sector poniendo en peligro su bienestar y salud de ellos y sus familiares.

Por todo ello, desde FeSMC-UGT  rechazamos de forma radical el entreguismo del gobierno andaluz a los intereses de la gran patronal española del comercio con intereses de las grandes multinacionales europeas, que va a suponer la perdida de oferta comercial de forma generalizada, el cierre masivo de establecimientos de capital andaluz, y perdida y precarización mayor del empleo el sector.

La plataforma en Defensa del Comercio Interior Andaluz , de la que es miembro UGT, esta manteniendo contactos estos días con distintos grupos Parlamentarios para la presentación de iniciativas contra el Decreto-Ley 2/2020 , a la vez que exigimos su retirada por parte del Presidente de la Junta.