FeSMC-UGT reclama el cumplimiento estricto de la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario

En el día de hoy, el Secretario Federal Adjunto a Acción Sindical de FeSMC-UGT, Álvaro Vicioso, ha participado en la acción formativa coorganizada por la Fundación Francisco Largo Caballero de UGT y la Comisión Ejecutiva Confederal “La inclusión de las personas con discapacidad a través de la Negociación Colectiva”, donde, durante dos días, delegados y cuadros de la Unión General de Trabajadores se han formado y debatido respecto de la urgente necesidad de lograr la plena integración en el mercado de trabajo ordinario, de las personas con discapacidad (PcD), tanto si ésta es de nacimiento, como si es sobrevenida.

En su intervención, Álvaro Vicioso se ha centrado en la importancia que para las PcD tienen los sectores de servicios en nuestro país, ya que emplea al 83% de los mismos en la actualidad, con más de 350.000 puestos de trabajo. Por ello, “como Federación de UGT que engloba los servicios privados, y dado el peso tan notable que representa el empleo de las PcD en el sector servicios, estamos especialmente comprometidos con la integración plena en igualdad de condiciones y derechos de este colectivo, así como la inclusión de todo tipo de medidas que favorezcan sus condiciones de trabajo y que eviten cualquier tipo de discriminación dentro de las empresas y sectores de FeSMC-UGT”.

Igualmente, respecto a la discapacidad sobrevenida (aquella que surge a consecuencia de situaciones externas e internas no congénitas), se alertó que la legislación actual se centra más en la extinción del contrato laboral de la persona afectada que de su plena adaptación al trabajo ordinario, no facilitando la permanencia en el empleo de la misma.

Destacó el responsable de Acción Sindical de FeSMC-UGT que es poco común encontrar en los convenios colectivos buenas prácticas en estas materias. Esto se debe, afirmó, “no sólo a la escasa sensibilidad respecto a sus necesidades, sino también a que las empresas prefieren trasladar la contratación de las personas con discapacidad a la responsabilidad social empresarial, quedando, así como una iniciativa voluntaria de la empresa y al margen de la negociación colectiva”.

Pero lo más sangrante en opinión de FeSMC-UGT, es que, “sin entrar a cuestionar la labor social de los Centros Especiales de Empleo como herramienta para proveer oportunidades de empleo a las PcD, los datos ponen de manifiesto que el empleo en el mercado de trabajo protegido es de menor calidad que en las empresas ordinarias, a pesar de que se subvenciona en mayor medida que otras fórmulas de inserción laboral. Esto se evidencia por la elevada tasa de temporalidad, plantillas integradas por personas trabajadoras con discapacidad con grado medio/bajo, con escaso tránsito al empleo ordinario, con una importante brecha salarial debido a los bajos salarios y con escasa o ninguna capacidad de representación y negociación sindical. Esta fórmula es especialmente lesiva cuando las empresas ordinarias constituyen sus propios centros especiales de empleo, con una finalidad fundamentalmente de reducción de costes y de competencia desleal hacia empresas que, si aplican las condiciones sectoriales de la actividad donde actúan”, dijo.

Por todo ello, solo con el hecho de incluir una cláusula de cuota de reserva para los trabajadores con discapacidad, aunque sea la que recoge la legislación, ya estamos garantizando la contratación directa y poniendo freno al abuso de un gran número de centros especiales de empleo.

Porque para FeSMC-UGT, la contratación directa es la mejor garantía para que las PcD disfruten de las mismas condiciones laborales que el resto de personas en igualdad de condiciones.

Y más allá de las propuestas y experiencias de negociación colectiva que indicó el representante de FeSMC-UGT en su intervención, detalló las materias que, son urgentes e importantes desarrollar para la consecución de éstos fines:

  • Las administraciones públicas. Implicando a los empresarios por medio de un régimen sancionador para los incumplimientos de cuota de inserción, así como incentivos y ayudas para adaptar los puestos de trabajo, promoviendo un cambio de sus actitudes por medio de asesoramiento, apoyo técnico, campañas de información, coaching, etc.
  • Las Entidades Gestoras tienen que cambiar su enfoque acerca de la necesidad de adoptar medidas proactivas en favor del empleo y no limitarse al simple pago de las pensiones. Este cambio supondría un incremento de las cotizaciones y una disminución de los gastos de pensiones.
  • Las empresas. Sería igualmente necesaria una mayor interrelación entre las políticas de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) y de negociación colectiva en el seno de las empresas en materia de discapacidad sobrevenida.
  • Los legisladores. Y la imprescindible sensibilización de los legisladores acerca de que los conceptos discapacidad/empleo no son contradictorios ni incompatibles, sino que, por el contrario, pueden y deben complementarse, y que, para ello, deben formularse políticas igualitarias y no discriminatorias en materia de colocación y/o despido.