Opinión

Álvaro Vicioso | Adj. Secretario de Acción Sindical de FeSMC-UGT

Álvaro Vicioso | Adj. Secretario de Acción Sindical de FeSMC-UGT

Listeriosis: ¿seguridad alimentaria versus seguridad laboral?

Este ha sido un verano duro en lo que a fallos de seguridad alimentaria se refiere. El del brote de listeriosis en la carne mechada en varias empresas ha generado un lógico temor en la población, que ha ido creciendo a medida que aparecían nuevas alertas y más información. Por desgracia, el miedo es el perfecto caldo de cultivo para el crecimiento de la alarma social en la ciudadanía en nuestro país.

Son tres los fallecidos y más de 200 ingresos hospitalarios como consecuencia de este brote, cuya causa, más allá de la supuesta mala praxis de los empresarios alimentarios en cuanto a las necesarias medidas de higiene que han de cumplir escrupulosamente, según establece la ley, apuntan, una vez más, a la falta de recursos públicos tanto por las administraciones locales, como autonómicas y estatales.

Pero si la alarma social en este caso ha cundido, ¿qué es lo que ocurre con el drama diario de la siniestralidad laboral? Recordemos que también le puede pasar a cualquier persona trabajadora. En este sentido, también sería deseable que los medios de comunicación se hicieran -aún más- eco de este drama sociolaboral.

Durante el primer semestre del año se han producido un total de 664.332 accidentes laborales, experimentando, dicha cifra, un aumento del 0,8% respecto del dato de 2018.

292 trabajadores y trabajadoras han fallecido durante el primer semestre del año. 230 ocurrieron durante la jornada de trabajo y 62 fueron in itinere.

Sindicalmente no podemos admitir que empresas y administraciones públicas hagan dejación de su responsabilidad bajo la excusa de la situación económica y del ahorro de costes.

España: cifras de siniestralidad preocupantes

La Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido una demanda histórica de UGT. Las nuevas tecnologías y formas de trabajo sitúan a la persona trabajadora ante situaciones de riesgo y desprotección diferentes sin que se hayan solucionado los problemas de siniestralidad laboral, enfermedades profesionales, seguridad y ergonomía en el puesto y centro de trabajo, acoso laboral o mobbing, e integración de la actividad preventiva en el seno de la empresa.

España tiene uno de los niveles más altos de siniestralidad de la Unión Europea (UE), ocupando una nada halagüeña tercera posición. Nuestra sociedad no puede contemplar el número de accidentes de trabajo como una cifra estadística más, como un mal irremediable. Son necesarias políticas de firmeza y audacia destinadas a solventar un mal, que pese a lo que nos quieran hacer creer no es inmanente a la relación laboral.

Igual que se establece el foco mediático en la precaria inspección alimentaria, hay que reclamar similar actitud respecto de los desarrollos normativos necesarios como la acción de la Administración, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la búsqueda del cumplimiento de la exigencia normativa en la Salud Laboral.

Importancia de una cultura de la prevención

Además, se suma que existe un sistema de prevención mercantilizado, en el que se busca la rentabilidad económica, con empresas clientes interesadas en no ser sancionadas, pagando lo menos posible, pero sin cultura preventiva y falta de formación dicha materia.

En el sector de los Servicios de Prevención Ajenos (S.P.A.) se ha instaurado una guerra de precios en la que se ha perdido la perspectiva de su función, la prevención, en aras de la obtención de carteras de negocio. El resultado es una deficiente calidad del servicio prestado y peores condiciones de trabajo del personal de los S.P.A.

Se suma la realidad de infinidad de sectores productivos, donde se da la existencia de pequeñas empresas sin representación de trabajadores, y, por lo tanto, sin delegados de prevención.

Igualmente, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) han pasado de gestionar exclusivamente las prestaciones derivadas del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, a ir asumiendo otras prestaciones públicas que nada tienen que ver con la actividad laboral.

El problema con las mutuas

El principal problema de estas entidades, que dependen de la Seguridad Social, es que la valoración de su gestión se hace en términos económicos. Además, la elección de mutua es una decisión exclusiva de la empresa, y esto hace que la mutua reconozca como clientes exclusivamente a las empresas, sin que se tenga en cuenta la opinión de los usuarios que son las personas trabajadoras.

Esto deriva en malas prácticas por parte de las entidades a la hora de gestionar estos fondos públicos, que está totalmente enfocada en la satisfacción del cliente (empresa) y en el resultado económico (Seguridad Social) que es quien se queda el excedente económico de su gestión.

Los daños que provocan los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y las relacionadas con el trabajo, entre ellas las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, aumentan considerablemente la posibilidad de la clase trabajadora de caer en la pobreza y exclusión social, por lo que debe ser una prioridad irrenunciable tanto de los poderes públicos, encaminada a la prevención auténtica de los riesgos laborales.

Hoy, más que nunca, es el momento de reivindicar un mayor control del correcto cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en los sectores de nuestro país por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como del resto de las Administraciones públicas implicadas, para que descienda la siniestralidad laboral, cuya alarma social y mediática, por desgracia, sigue cayendo en saco roto.