UGT denuncia la abusiva precariedad laboral en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente

7 de octubre, 10 aniversario de la movilización internacional.

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La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha convocado para este sábado, 7 de octubre, una nueva Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este año, en su décimo aniversario, se concentra en denunciar la precariedad laboral y la reivindicación de mejoras salariales para la población trabajadora en el ámbito mundial. La Unión General de Trabajadores, al igual que en las diez ediciones anteriores de esta convocatoria, participa en la movilización denunciando la abusiva precariedad laboral que padecen los trabajadores de nuestro país y la necesidad de atajar las desigualdades crecientes con incrementos salariales.

Según los datos de la CSI, el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el resto del planeta, el 71% de la población considera que los gobiernos deben impulsar el incremento de los salarios, y el 80% cree que el salario mínimo de su país es demasiado bajo.

En España, UGT ha denunciado reiteradamente la abusiva precariedad laboral que se extiende por el mercado de trabajo español como consecuencia de una legislación –las reformas laborales aprobadas durante la crisis- que han promovido la desregulación de nuestro sistema de relaciones laborales, una intensa devaluación de los salarios, y la proliferación de formas de precariedad laboral que van desde la temporalidad hasta la parcialidad indeseada, los falsos autónomos, etc…

Los datos disponibles reflejan claramente el incremento de la precariedad:

  • 3.914.300 personas continúan en desempleo 

  • La tasa de temporalidad alcanza al 26,8% de los asalariados 

  • El 60% del empleo que se crea es temporal, y en muchos casos de escasísima duración 

  • El porcentaje de parcialidad involuntaria es del 57,8% 

  • Los salarios reales han caído 5,4 puntos porcentuales de media entre 2009 y 2016 

  • El 10% de trabajadores con menores retribuciones han visto recortados sus salarios reales de 2009 a 2015 (último año disponible) un 20,5%. 

  • De 2008 a 2016 las rentas de los asalariados han caído en 33.679 millones de euros (un 6,1%), mientras que los excedentes empresariales han aumentado en 7.850 millones de euros (1,7%). 

  • El salario medio en términos netos es de 1.300 euros. El salario mediano (la mitad de los asalariados cobran más de esa cifra y la mitad menos) supone poco más de 1.100 euros netos. Y el salario más frecuente es inferior a 1.000 euros netos al mes (993 euros). 

  • El número de trabajadores en riesgo de pobreza ha crecido 2,2 puntos porcentuales de 2011 a 2015, hasta situarse en el 13,1%, y somos el segundo país de la UE donde más ha crecido (después de Hungría).

En el actual contexto de crecimiento económico de nuestro país estos datos son injustificables.

Por este motivo, UGT ha intensificado su trabajo para reclamar y negociar condiciones dignas fe trabajo y aumentos salariales. En este sentido, UGT se ha adherido a la campaña de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) “Europa necesita un aumento salarial” y puesto en marcha la campaña “#PonteA1000”, para reclamar que ningún convenio se sitúe por debajo de los mil euros. Asimismo, ha lanzado una plataforma para que las condiciones laborales y salariales de las personas que trabajan plataformas digitales que precarizan el empleo y empobrecen a sus trabajadores y trabajadoras encuentren asesoramiento y apoyo, o lanzado una ofensiva contra las  empresas multiservicios que  han encontrado un filón diezmando los salarios.

UGT apuesta, Igualmente, por revalorizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 1.000 euros al final de la legislatura. Para el sindicato también es preciso derogar las reformas laborales aprobadas durante la crisis, la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por UGT y CCOO en el Congreso de los Diputados para el establecimiento de una renta mínima para todas aquellas personas y familias que no tengan otros ingresos laborales, y fortalecer los sistemas públicos de protección social.