UGT reclama al Gobierno la constitución de un grupo de trabajo que aborde las condiciones laborales en la seguridad privada

La licitación pública tiene que dejar de ser una subasta en la que el precio es el único valor a tener en cuenta.

UGT considera que la negociación es, en este momento, la vía más efectiva para abordar la problemática planteada en el sector de seguridad privada, y del que es clara muestra la conflictividad generada en los aeropuertos. El Gobierno tiene dejar de culpar a todo el mundo de los problemas que se le plantean y asumir sus responsabilidades por la vía de la negociación y el acuerdo y no de imposiciones unilaterales.

El Gobierno es responsable de que haya problemas en los aeropuertos. Ni el turismo, ni la seguridad, ni la garantía de los servicios, ni la imagen de España es responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando los trabajadores se movilizan lo hacen al amparo de la ley, y lo hacen para salir de la explotación laboral provocada por el Gobierno a través de la reforma laboral y mediante una irresponsable política de subcontratación de servicios regida exclusivamente por la rebaja de costes, desentendiéndose de cualquier otra cuestión relativa a las condiciones en que se prestará el servicio o las condiciones laborales de los trabajadores que tendrán que desarrollarlos.

El Gobierno tiene que acabar con la práctica extendida, especialmente de las empresas multiservicios, de trasladar a las condiciones de los trabajadores las rebajas temerarias que realizan en los concursos de las administraciones públicas para conseguir las adjudicaciones.

En consecuencia, UGT reclama al Gobierno la constitución de un grupo de trabajo que aborde de forma integral la problemática de la seguridad privada y adquiera un compromiso claro para todos los entes dependientes de la Administración del Estado, especialmente en lo relativo a los servicios esenciales e infraestructuras críticas. Así mismo, consideramos necesario que la nueva Ley de Contratos del Estado incluya la obligatoriedad de que los contratos de las administraciones públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental como criterios para la selección del contratista.