Nueva convocatoria de formación para ocupados, tras dos años de parálisis

El Gobierno refrenda el acuerdo de Fundae

UGT pone en valor la aprobación hoy, en Consejo de Ministros, de la convocatoria de subvenciones para la formación de ocupados. Esta medida es producto del Diálogo Social y fue aprobada, previamente, en el Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo para avanzar en la cualificación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Después de dos años de parálisis se empieza a recuperar la formación para el empleo. Tras la publicación de la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, la única convocatoria aprobada en 2016, para la formación de personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, todavía no ha finalizado y se ha tenido que prorrogar dado que, a día de hoy, se ha ejecutado poco más de un 20% de la formación prevista y ha llevado al sector de la formación a serias dificultades de subsistencia, a la vez que ha perjudicado a un gran número de trabajadores y trabajadoras.

Se incorporan parte de los remanentes de la cuota de FP

Esta convocatoria que se acaba de aprobar con un presupuesto de 350 millones de euros, incorpora parte de los remanentes de la cuota de formación profesional, no gastados en años anteriores, aspecto muy positivo y en el que UGT ha insistido en las negociaciones.

Se ha hecho un gran esfuerzo por todas las partes, Gobierno, Administraciones, Interlocutores económicos y sociales, para negociar una convocatoria de formación de ámbito estatal, dirigida prioritariamente a las personas ocupadas, donde se flexibilicen y agilicen los procesos a fin de facilitar la ejecución de la formación a las entidades de formación inscritas y acreditadas que concurren, porque es en régimen de concurrencia competitiva. Por ello, es una convocatoria muy bien valorada por las asociaciones y empresas de formación que van a optar a la misma.

Otro aspecto positivo de esta Resolución es que facilita y garantiza el desarrollo de parte de las funciones que la citada Ley otorga a los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos)  en la Gobernanza del Sistema, en relación al seguimiento y la evaluación de la formación profesional para el empleo. Se incorporan al órgano colegiado, tal y como ha quedado claro tras las sentencias judiciales correspondientes.