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OPINIÓN | EL DIVÁN

La trama, más allá de la etiqueta

23/03/2017 | Marcos Ruiz Cercas | Área de comunicación FeSMC-UGT

Han puesto nombre –han etiquetado– al nada novedoso entramado de intereses económicos y de poder entre cierta clase política y las grandes –y no tan grandes– corporaciones privadas. A través de múltiples técnicas para la comunicación de masas, con preponderancia del storytelling, se ha articulado una narrativa sencilla y acertada pero, a mi juicio, incompleta. Vayamos por partes.

El saqueo de España a manos de corruptores y corruptos ha tenido variadas consecuencias, todas destructivas; especialmente en los ámbitos social y económico (el ético venía dañado de fábrica). En ese impacto múltiple y heterogéneo –como una bomba de racimo– han quedado muy dañadas las estructuras de bienestar social, que han sido deconstruidas –un proceso de demolición, pero más ordenado y silencioso– tras certificarse la aluminosis inducida que las había debilitado. El saqueo de este país es el saqueo a sus ciudadanos. Lleva décadas haciéndose con total impunidad, pero sólo ahora se ha visto el interior podrido del pastel: sólo cuando la ciudadanía dejó de tener las comodidades narcóticas de la clase media acomodada.

Para que el entramado de intereses político-económicos ofrezca resultados a sus promotores se necesita la colaboración de otros “agentes” colaterales que generen un marco referencial apropiado para que la sociedad no sea sorda y ciega a las alertas. Si hemos podido comprobar cómo existió una especie de omertá mediática para no hablar de los asuntos –muy privados– de Juan Carlos I, cabe preguntarse si este tipo de consensos del silencio de aquéllos que deben ser contrapoder se han producido, también, para proteger otros intereses (o los propios). Estamos, por tanto, ante otro entramado de intereses en el que factores económicos y políticos generan una presión sobre las empresas de comunicación que condiciona el trabajo periodístico. Para ilustrar este punto, muy recomendable la película "El dilema" (The Insider), de Michael Mann, en la que se narra un hecho verídico inquietante: cómo la cadena CBS censuró su programa 60 minutos –de reputación informativa intachable– ante la amenaza de un pleito multimillonario por parte de la todopoderosa multinacional tabacalera Brown & Williamson.

Por su parte, el sistema judicial español se ha revelado fallido en su propósito fundamental. Hablar de una justicia igual para todos es, hoy, un mal chiste con ramalazos de crueldad. En el mallado –cada vez más ramificado, difuso y complejo– de intereses que estamos describiendo, la acción deficiente de este actor colateral es esencialmente necesaria para alimentar la sensación de impunidad de los saqueadores. Dicha percepción se sostiene en la recurrente casuística que nos muestra cómo la capacidad económica del individuo, o de las organizaciones, permite acceder –a través de hipercualificados y muy bien remunerados profesionales del derecho– a la compleja arquitectura de nuestro sistema legal y reconfigurarlo en función de sus necesidades. Si eso no funciona, siempre quedará –para los prohombres del Sistema– la opción del indulto por parte de aquéllos que pueden concederlo: los políticos. Tan sospechoso es este poder Ejecutivo, que en época de desafección ciudadana y tras señalar el uso y abuso sistemático de la figura del indulto ante una opinión pública cada vez más indignada, el Gobierno concedió tan solo 27 medidas de gracia en 2016, “la cifra más baja del siglo”, según tituló El País. Había que compensar los excesos arbitrarios del pasado.

El factor ético no debe ser desdeñado para aproximarnos a un análisis razonado de lo que tenemos. Porque lo que tenemos es una histórica carencia –como país, como sociedad– de sentido de la ciudadanía. Culturalmente somos un país más quevedesco que quijotesco: más cruel, malintencionado y pícaro que idealista, desinteresado y noble. Si a esa personalidad social sumamos un sentido de la ética maleable, nos vemos abocados a una pérdida de valores que deja el terreno abonado a prácticas corruptas. ¿Podría germinar un entramado político-económico-mediático-judicial como el español en países como Dinamarca, Finlandia o Suecia? Los citados países son los menos corruptos, a nivel europeo, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado anualmente por Transparencia Internacional. España se sitúa en el puesto 41 del citado ranking, “entrando en un pelotón de países que se han acercado peligrosamente a la corrupción sistémica, como Georgia o República Checa”, según reza el informe.

En definitiva, etiquetar esta urdimbre en la que se mezcla lo político, lo económico, lo mediático, lo judicial y lo social (en su aspecto ético) en un perverso juego de intereses mutuos, permite poner el foco sobre el problema y visibilizarlo. Sin embargo, el saqueo no se ejecuta sólo a través de prácticas corruptas sostenidas por redes de intereses recíprocos, sino de modelos de convivencia radicalmente injustos. Remunerar a los asalariados con sueldos indignos, debilitar el sistema público de pensiones y transmutar el Estado de bienestar en un Estado de la beneficencia es, también, una forma de saqueo a la ciudadanía. La trama, por tanto, es una pieza más en el engranaje que hace funcionar la maquinaria de enriquecimiento ilícito de las élites extractivas a costa del esfuerzo de los trabajadores.

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