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MARÍTIMO-PORTUARIO | POLICÍA PORTUARIA

La seguridad en los puertos y la policía portuaria

Artículo de opinión del Secretario Federal del Sindicato Marítimo-Portuario de FeSMC-UGT, publicado en El Vigía

04/10/2017 | El Vigía - FeSMC-UGT | Marítimo-Portuario

Desde lo acontecido en las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 se vienen sucediendo atentados de diversa entidad que han supuesto en todo el mundo un punto de inflexión en materia de seguridad. Se trata de un terrorismo fanático, de carácter político y religioso, difícil de controlar y que España ha sufrido de forma especialmente virulenta. 

Esta circunstancia ha obligado a adoptar normas que, en la medida de lo humanamente posible, minimicen los riesgos. Nadie es ajeno actualmente a las medidas de seguridad que se han tomado y se están tomando en aeropuertos, zonas de concentración de personas o instalaciones especialmente sensibles y los puertos lo son. 

El Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias de 2002, el Reglamento no 725/2004 relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias de 31 de marzo de 2004 y el  Real Decreto 1617/2007, por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo son las normas que tratan de asegurar el adecuado nivel de protección de personas, buques e instalaciones portuarias. 

Derivado de esta normativa, los países han de dotarse, entre otros, de Planes de Protección en los puertos. El artículo 65.3 de la Ley de Puertos de 2011 establece que Cada Autoridad Portuaria elaborará, previo informe favorable del Ministerio del Interior y del órgano autonómico con competencias en materia de seguridad pública, un plan para la protección de buques, pasajeros y mercancías en las áreas portuarias contra actos antisociales y terroristas. 

¿Pero qué papel juegan en este entramado legal el personal que presta sus servicios en las Autoridades Portuarias y, en concreto, el servicio de policía portuaria?

El artículo 296, de la citada Ley de Puertos, dispone que las funciones de policía especial, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, deben ser ejercidas por el personal de la Autoridad Portuaria, debidamente cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo efecto tendrá la consideración de agente de la autoridad de la Administración portuaria y que estas funciones serán ejercidas en la forma que determine el Reglamento de Explotación y Policía.

En consecuencia, la Policía Portuaria, en su condición de policía especial de la Administración portuaria, desempeña una labor fundamental en materia de seguridad en los puertos de interés general. De ahí la preocupación manifestada desde el Sindicato Marítimo Portuario UGT, en reiteradas ocasiones, en los últimos años y de ahí el comunicado transmitido en este sentido tras el atentado de Barcelona sufrido en el pasado mes de agosto, sentir que tiene su base en una serie de circunstancias: 

  • El citado Reglamento de Explotación y Policía data del año 1976, a pesar de que ya la Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General de 2003 recogía la obligación de su desarrollo. Esto demuestra la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los trabajadores adscritos al servicio de policía que, como no puede ser de otra manera, redunda sobre la prestación de los servicios al no existir una regulación que permita fijar unos criterios comunes de actuación en todos los puertos. 
  •  La insuficiencia  de efectivos, debida al aumento de la actividad y superficie de los puertos y a la  escasez de oferta de empleo público otorgada al sistema portuario en los últimos años, hace muy complicado que se cumplan con las normas mínimas de seguridad que exige la situación actual, especialmente si consideramos que muchos de nuestros puertos han sido calificados como infraestructuras críticas con las últimas modificaciones legislativas. 33 millones de pasajeros pasaron por los puertos en 2016 y parte de las mercancías tienen la condición de peligrosas. El tráfico portuario ha evolucionado de 457 millones de toneladas en 2011 a 509,5 millones de toneladas en 2016, la superficie de los puertos de interés general ha pasado de 106 millones de m2 en 2011 a 118 millones de m2 en 2016 y, en sentido contrario, la plantilla media descendió de 5.851 efectivos en 2011 a 5.349 efectivos en 2016, es decir 52 millones de toneladas más, incremento de 12 millones de m2 y descenso de 501 trabajadores. Esta problemática es todavía más preocupante ya que nos consta que Puertos del Estado ha dado una directriz a las Autoridades Portuarias en el sentido de que no se utilice la escasa oferta de empleo público otorgada para contratar policías portuarios, debido a la intención de trasladar algunas de sus competencias a la seguridad privada. 
  • La imposibilidad de cualificar al personal de las Autoridades Portuarias, revisando sus funciones y adaptándolas a la situación actual, al no poder producirse promoción profesional debido a los recortes sufridos desde el año 2010. 

A modo de ejemplo, el desmantelamiento del campo de inmigrantes de  Calais está convirtiendo al Puerto de Bilbao y en menor medida al de Santander en vías alternativas para intentar entrar de forma ilegal a las islas británicas y sin embargo en número de policías portuarios ha descendido de 90 a 62 en los últimos años. En el puerto de Algeciras la plantilla de policía portuaria ha pasado de 361 efectivos de plantilla media total en 2011 a 247 en 2016, con un movimiento de pasajeros, incluidos los que se dirigen y regresan del Magreb en época estival, que ha aumentado de 4,4 millones en 2011 a 5,6 millones en 2016, circunstancia generalizada en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal.

 

No me gustaría dejar de señalar, aunque no sea la materia específica que nos ocupa, que estos tres factores no sólo afectan a la policía portuaria, sino a todas aquellas actividades consideradas como de interés general, calificación que reciben los principales puertos españoles, lo que está suponiendo un deterioro en la prestación de los servicios portuarios

Volviendo al aspecto de la seguridad, lo preocupante de la situación lo demuestra el hecho de que se están produciendo reuniones de las Juntas Locales de Seguridad a las que asiste el Delegado o el Subdelegado del Gobierno correspondiente y mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Bomberos, Policía Portuaria y Emergencias, después de las cuales se informa a bombo y platillo de las medidas de seguridad adoptadas. ¿Se informa de la realidad en los puertos?, ¿se indica por parte de los responsables de las Autoridades Portuarias de los efectivos que han solicitado a Puertos del Estado y de los que realmente se les han otorgado?, ¿se informa de las funciones que realizan en inseguridad jurídica?,¿se indica de cómo se están prestando los servicios al pasaje en las estaciones marítimas, ya sea concesionadas o no?, ¿se informa de lo que ocurre en la llamada Operación Paso del Estrecho?, ¿son conscientes de la responsabilidad que recae sobre los responsables de las Autoridades Portuarias, en particular el presidente y el director?, ¿se indican las consecuencias que la política de externalización de servicios tiene sobre la seguridad?. 

Pero la pregunta clave nos la debemos hacer los ciudadanos ¿estamos dispuestos a que la educación, la sanidad, la justicia, la defensa, la seguridad, incluida la de nuestros puertos y las actividades de servicio público tenga como objetivo fundamental la rentabilidad o se dirijan a la satisfacción de una necesidad de interés general? 

La proximidad de nuestros puertos a núcleos urbanos, la magnitud del daño potencial que pueden representar los buques y sus cargas ya sea a la población, a las instalaciones portuarias o al medioambiente requiere una actuación inmediata de la Administración.

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