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GALICIA | SEGURIDAD

La irresponsabilidad de la Xunta de Galicia en la contratación precariza el sector de Seguridad Privada

23/01/2018 | FeSMC-UGT | Galicia

La dotación económica del contrato licitado no llega ni para pagar los salarios de los profesionales de seguridad

FeSMC UGT y las 160 trabajadoras y trabajadores del servicio de vigilancia de la Xunta de Galicia, muestran su preocupación por la licitación que dicho Organismo acaba de Publicar por un valor de 6.786.000€ para un periodo de 18 meses en dicho servicio, cuando el importe de los salarios de todos los compañeros y compañeras más sus seguros sociales en ese mismo periodo es de 6.765.000€. Todo ello, sin cuantificar conceptos como el absentismo o la uniformidad de invierno y verano de esos 160 trabajadores y trabajadoras con sus correajes, así como la parte técnica del concurso donde la Xunta pretende disponer de 10.500 horas, un coordinador de servicios exclusivo, la instalación de 6 desfibriladores, la conexión de las centrales de incendios y de intrusión a una central CRD y las mejoras de los elementos electrónicos que no funcionan.

Por mucho análisis contable y de costes de producción que se quieran hacer, la cuentas no dan. La única solución es incumplir el pliego de condiciones y que la Administración rescate el contrato, o bien entrar en una lucha directa con los trabajadores porque se incumplen sus condiciones laborales, por convenio y por subrogación. La empresa insensata que adquiera tal compromiso se está pegando un tiro en el pie.

Este sinsentido provoca que las empresas solventes del sector no se presenten al concurso al entender que no es viable y aparezcan en el mismo empresas pirañas que no respetan las condiciones laborales de los trabajadores y entran en los servicios rebajando las condiciones económicas entre un 30 y un 40% en el mejor de los casos pues en otro, directamente, dejan de pagar los salarios.

Desde el Sector de Limpieza y Seguridad denunciamos que la dirección absolutista del PP en la Xunta de Galicia este promoviendo licitaciones a la baja tanto en los servicios de limpieza como de seguridad, dos meses antes de que entre en vigor el Real Decreto de contratación Pública que ellos mismos trataron de modificar para que estas prácticas de precarización de los servicios fueran legales.

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