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OPINIÓN | EL DIVÁN

La institucionalización del atropello

11/01/2017 | Marcos Ruiz Cercas | Área de comunicación FeSMC-UGT

La institucionalización del atropello a la ciudadanía en este país no es algo que haya surgido ahora, aunque bien es cierto que el progresivo deterioro de la calidad de vida de los trabajadores en casi una década de intensa crisis económica ha revelado, de manera grosera, el abuso constante que las grandes corporaciones del sector privado han perpetrado contra los hombres y mujeres que viven de un salario en esta España sobrevalorada.

Son numerosos y constantes, sostenidos en el tiempo desde los años 90 –punto álgido en la culminación de los procesos de privatización de antiguas empresas estatales–, los casos de indefensión del ciudadano ante las empresas en la dinámica de consumo que alimenta el mercado y la economía en un país desarrollado como el nuestro.

La constatación última de lo dicho es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado mes de diciembre, a propósito de las denominadas cláusulas suelo que impuso la Banca en los contratos de préstamo hipotecario durante aquellos años de vino y rosas –recuerde el lector la burbuja inmobiliaria, negada de manera disciplinada por una clase política que era la voz de sus amos: empresas constructoras, promotoras inmobiliarias, entidades financieras y empresas de tasación– a aquellos que querían materializar uno de los anhelos de la clase trabajadora patria: comprar una vivienda.

La estafa era sencilla: si el tipo de interés variable que viene determinado por el Euribor subía, usted pagaba más; si el tipo de interés empezaba a bajar, la Banca limitaba sus pérdidas fijando un tope  (una especie de stop loss, o parada de pérdidas, un instrumento estratégico para operar en el templo de la especulación: la Bolsa). Esa limitación a las pérdidas suponía que el Euribor podría seguir bajando, como de hecho sucedió a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria y el cambio de política del Banco Central Europeo, de tal manera que aquellos que cargaban con su hipoteca tenían que ver cómo, a pesar del descenso del Euribor, seguían pagando por su hipoteca lo mismo cada mes a partir de un margen mínimo de reajuste a la baja.

Pues bien, cuando la sociedad española se internó en el oscuro y largo túnel de la crisis, empezaron a emerger –como los cadáveres en el lago, antes sereno– todos los despropósitos cometidos contra aquella ciudadanía distraída, víctima complaciente de un sector privado inmisericorde y de un Administración pública cómplice. Pero, a pesar de lo burdo de todo aquello, los poderes del Estado –que siempre ha despreciado el interés general y ha protegido el interés privado, tanto con el Partido Popular como con el PSOE– han seguido en actitud complaciente con las grandes empresas. La sentencia del TSJ de la UE ha evidenciado el chalaneo del poder judicial español con la Banca cuando aceptó la ilegalidad de aquellas cláusulas “suelo” pero limitó la devolución del importe robado por los bancos a sus clientes hasta el año 2013, cuando la lógica dice que si has robado durante 10 años, debes devolver la totalidad de los sustraído ilegalmente durante ese margen temporal, que, en definitiva, es lo que afirma la justicia europea, enmendando la plana a la española.

La lista de despropósitos es infinita: desde los rescates con dinero público a proyectos empresariales fallidos, pasando por cláusulas contractuales que obligan al Estado a compensar a las empresas por imprevistos ajenos al propio Estado; sobrecostes y desviaciones presupuestarias en obra pública totalmente injustificados; manejos oligopolísticos en sectores estratégicos como el energético o de las telecomunicaciones; sobreprecios, publicidad engañosa, deficiente atención al cliente por parte de las operadoras de telefonía; no aplicación a la baja del precio del petróleo en el precio finalista al consumidor de combustible (sube el Brent, sube la gasolina; baja el Brent, no baja la gasolina: ¿les suena?); la no aplicación del principio de dación en pago, siendo la Banca beneficiada por una normativa que obligaba al “cliente” a seguir pagando el préstamo hipotecario a pesar de haber dado su vivienda a la entidad financiera en sustitución de la deuda, etc, etc, etc.

Lo anterior es, tan sólo, la casuística reciente que ejemplifica la institucionalización del atropello y el abuso contra una sociedad adormecida por el bienestar –suena paradójico, pero así ha sido–.  Institucionalización porque, en las historia más reciente de nuestro país, en la etapa de modernidad que nos llevó a la cultura del pelotazo y a la fundación de una clase media que favoreció la pérdida de identidad de la clase trabajadora que se consideraba a sí misma algo caduco desde un punto de vista conceptual, aquéllos que tenían que velar por el interés general lo hicieron por el interés de las grandes corporaciones privadas en la idea, errónea, de que teniendo satisfechas a esas magnas empresas estratégicas se garantizaba la estabilidad y progresión de la economía de todo un país, aunque fuera a costa de mermar la dignidad de los clientes-usuarios-consumidores.

La crisis ha traído mucho sufrimiento a la sociedad española, pero puede servir  para corregir ciertas actitudes políticas y aberraciones institucionales que han añadido más dolor a una clase trabajadora exhausta. La ruptura del bipartidismo es un primer paso; la lucha contra la corrupción –elemento connatural a la institucionalización del atropello– es otro. Definir unos entes reguladores que sean verdaderos árbitros y garantes de las reglas y normas del mercado, además de vigilantes proactivos que impidan más abusos y atropellos. Y, sobre todo, necesitamos un poder judicial despolitizado y unos políticos que entiendan su función en democracia como un servicio verdadero a la ciudadanía; recuperar el verdadero significado de la res publica en relación al bien común es condición necesaria para alejarnos de lo que esta crisis (económica, social, de valores) ha puesto de manifiesto: que España no está tan lejos de ser un Estado fallido pero no debe renunciar a ser un país avanzado. 

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