Presupuestos más sociales y equilibrados para repartir la riqueza

UGT valora los Presupuestos Generales del Estado para 2019, aprobados hoy en Consejo de Ministros, porque son un punto de partida al necesario reparto de la riqueza que se genera en este país y dejan atrás las políticas de austeridad y recorte.

UGT valora la aprobación de los PGE para 2019, primero porque son necesarios, y segundo porque abandonan la línea continuista de los anteriores ejercicios, en los que han prevalecido las políticas de austeridad y recorte, pese al crecimiento económico que se ha producido en los últimos años. En este sentido, son unos presupuestos más expansivos, que impulsan políticas sociales y afianzan el necesario Estado de Bienestar, restituyendo parte de los derechos perdidos por los ciudadanos.

Estos Presupuestos, que esperamos valorar con más detalle en los próximos días, implican el inicio de modificaciones normativas que persiguen el incremento de ingresos, como ha venido demandando UGT, y una ruptura con las anteriores políticas liberales de equilibrio presupuestario, basadas exclusivamente en la reducción del gasto de políticas sociales.

Sin embargo, un año más, las Cuentas del Estado se han aprobado sin la consulta previa y obligada a los interlocutores sociales.

Más ingresos

UGT considera que para recuperar la cohesión social y reforzar el Estado de Bienestar, abortando los recortes que se han llevado a cabo, bajo la excusa de la crisis, es preciso incrementar los ingresos.

En este sentido, y de manera específica, es positivo el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades, que frene la desviación de recaudación en este periodo de crecimiento en este impuesto. También es oportuna la creación de figuras de tributación para empresas de carácter tecnológico y transacciones financieras, que graven el beneficio de estas corporaciones con mayor peso e influencia en la actividad económica.

Por otra parte, el incremento de la tributación del Impuesto del Patrimonio añade elementos de justicia y de distribución de riqueza, en un momento donde a nivel autonómico está siendo utilizado por los partidos de derechas, como parte de sus políticas de recortes, mediante medidas que establezcan menores ingresos y capacidad recaudatoria.

Destacar que en los Presupuestos se presenta un ajuste de las previsiones del crecimiento hasta el 2,2%, por el mantenimiento del objetivo del déficit del anterior Gobierno en un 1,3% para este 2019.  No obstante, la aprobación de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria permitiría un margen adicional para el desarrollo de políticas competencia de las Comunidades Autónomas, la administración más próxima a las necesidades de los ciudadanos.

Además, el apoyo parlamentario a la senda de estabilidad supone un incremento de recursos para sanidad, educación y una mayor financiación de las administraciones públicas.

Revertir un modelo de crecimiento desigual e injusto

Los PGE para 2019 apuestan por más inversión, necesaria para el cambio de modelo productivo que necesita nuestro país, y por medidas para un reparto más equitativo y justo de la riqueza, en línea con las demandas sindicales contenidas en las 20 Actuaciones Urgentes por el Progreso y el Bienestar Social, presentadas a los grupos en junio de 2016.

La revalorización de las pensiones conforme al IPC, la reversión de los copagos sanitarios, la subida del sueldo de los empleados públicos, la universalización de la escuela de 0 a 3 años, la recuperación del subsidio por desempleo a los 52 años, o la mejora de las ayudas contra la pobreza infantil, por ejemplo, son medidas de justicia social, que redundan en el bienestar de todos los ciudadanos. Como lo es también la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional de 900 euros al mes en 14 pagas para 2019. Pero UGT considera que hay que ir más allá.

Reformas pendientes

El sindicato seguirá demandando la derogación de la reforma de pensiones de 2013 que condena a los pensionistas a un empobrecimiento continuo y que se blinde por ley el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC; el crecimiento del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal como marca la Carta Social Europea, suscrita por España (esto supone que alcance los 1.000 euros mensuales en 14 pagas, en 2020) o restituir los derechos perdidos y todos los recortes que se han producido en nuestro Estado de Bienestar y en el ámbito laboral.

En este sentido, es preciso que seguir invirtiendo en políticas de empleo eficientes que potencien y reformulen las políticas activas y que refuercen las prestaciones por desempleo, para aumentar su grado de protección contributivo y asistencial. Y aprobar, en el marco el diálogo social, un verdadero plan de choque, con recursos excepcionales, para impulsar la contratación laboral y el empleo de calidad, especialmente de los colectivos en peores condiciones.

Otras medidas urgentes que no pueden esperar son reformar y fortalecer los sistemas de protección social y recuperar plenamente el sistema de asistencia a la dependencia y garantizar que los perceptores del IPREM recuperen el poder adquisitivo perdido en estos años de crisis y se establezca un sistema permanente de revalorización automática que mantenga el valor real de este indicador a lo largo del tiempo.  Después de siete años de congelación y subidas pírricas, el aumento del 2% previsto para 2019 es totalmente insuficiente para atender a los colectivos más vulnerables.

En definitiva, hay que dotar de recursos toda una batería de políticas sociales encaminadas a reducir la pobreza y la desigualdad social, medidas para garantizar una vivienda asequible para todos los ciudadanos, garantizar un sistema sanitario universal y de calidad y una educación que llegue a todos, entre otras cuestiones. Se trata de combatir, en todos los frentes, la pobreza y la desigualdad social, que se ha disparado en España, de manera alarmante, bajo la excusa de la crisis y por la aplicación de políticas neoliberales que sólo han favorecido a los que más tienen.